Las ayudas a los huérfanos de las víctimas era una de las novedades de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Pero la nueva consejera de Igualdad, Blanca Fernández, detectó que se daban pocas ayudas. Según el último dato que tiene, había cuatro pagadas y una más concedida y que está a punto de abonarse. Con estas cifras se presentó ante Page y el presidente de la Junta convino con ella que el número era bajo.

A partir de ese momento se dieron instrucciones para localizar a los menores que se podrían encontrar en esa situación en Castilla-La Mancha, pero a los que no llegaban las ayudas. Se dieron cuenta de que había casos que no podían acceder a ellas porque los requisitos de las convocatorias precisaban que solo se darían a los hijos de mujeres asesinadas cuya última residencia estuviera en la región.

Eso dejaba fuera tanto a menores que, tras la muerte de su madre, se mudaron a otra comunidad autónoma. Pero también impedía dar ayudas a huérfanos cuya madre fue asesinada en otra región, pero que en estos momentos viven en Castilla-La Mancha. En uno de los últimos asesinatos cometidos, el del hombre que dejó morir a su mujer con hipoglucemia, el crimen ocurrió en Barcelona, pero el hijo vive aquí.

El Consejo de Gobierno de esta semana ha decidido quitar esos límites entre regiones y ahora la Junta podrá dar ayudas también a estos casos. «Cuando un niño sufre la situación más dramática y traumática tiene derecho a rehacer su vida en cualquier punto de la geografía española, da igual donde residía su madre», expuso la consejera de Igualdad, Blanca Fernández.

Aunque ya se ha dado la orden para cambiar los requisitos de las ayudas, la consejera calcula que se tardará tres meses en hacer esa modificación, pero asegura que las ayudas serán retroactivas. De hecho, expuso que en muchos de los casos las mujeres fueron asesinadas hace años. La ayuda contemplada es de 4.000 euros al año hasta la mayoría de edad.

Fernández señaló que este cambio también les llevará a trabajar de manera coordinada con los servicios sociales e institutos de la mujer de otras comunidades autónomas, por si esos huérfanos ya estuvieran recibiendo ayudas de esos gobiernos regionales. La consejera apunta que son pocas las comunidades que las dan, así que lo más probable es que esos menores no estén recibiendo ayudas. En ese caso la Junta se las daría.

La consejera avanzó que en estos momentos, además de las cinco ayudas concedidas, tienen detectados otros diez huérfanos que podrían acogerse a las mismas. Hay en las cinco provincias y en distintas circunstancias. Algunos ya se están tramitando, en otros casos se han mudado de la región y se está  estudiando cuál es su situación e incluso hay algún caso en el que tienen detectado que puede haber un menor que podría recibir esta ayuda, pero todavía no lo han localizado.

Becas para estudios. Con este trabajo, la Junta está en disposición de hacer un seguimiento a estos huérfanos. «Nosotros vamos a conocer el nombre y apellidos de todos los menores en esta situación para hacer un seguimiento hasta la mayoría de edad», expuso. Hasta que cumplan los 18 años la Junta les podrá dar una ayuda anual de 4.000 euros. Después el Gobierno regional contempla becas específicas para cursar estudios universitarios, que se suman a las del Ministerio. Fernández añadió que están planteando la posibilidad de ampliar esas becas a estudios no universitarios.

La consejera, que también es portavoz del Gobierno, indicó que se trata de «un tema que aunque cuantitativamente no es relevante, cualitativametne sí lo es», pues incide de manera directa en la vida de una persona. «Una vez que una criatura pasa el hecho más tráumático que le puede ocurrir en su vida, la Administración no la va a dejar en la cuneta», garantizó.