Desde el próximo lunes y hasta el 25 de febrero. Tres semanas en las que los padres de los niños en edad escolar tienen que solicitar una de las 10.102 plazas que la Junta de Comunidades oferta en la provincia de Cuenca para el curso académico 2022/2023. Un proceso de admisión que, por el momento, está abierto a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional tendrán que esperar hasta abril y junio, respectivamente.
Esta admisión se regula por el nuevo decreto que incluye la nueva Ley de Educación y recoge un abanico de modificaciones en relación a tres nuevos criterios en el baremo, como son la familia monoparental, el alumnado nacido de parto múltiple y la condición de víctima de violencia de género o terrorismo. La delegada provincial de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Isidro, acompañada por el jefe de servicio de Planificación Educativa, Víctor Manuel Fernández, explicó en rueda de prensa que también se ha incluido como novedad que el alumnado tenga que estar empadronado en el domicilio familiar –con al menos uno de los progenitores o de los tutores legales– cuando se curse la solicitud.
La delegación de Educación se marca una hoja ruta en este sentido y ésta pasa porque el baremo provisional se publique el 22 abril, la adjudicación provisional el 25 de mayo y la adjudicación definitiva el 29 de junio. Las solicitudes deben presentarse, preferentemente, de forma telemática a través de la plataforma educativa Educamos CLM. Además de detallar toda la información relativa a este proceso, el Portal de Educación de Castilla-La Mancha incluye una guía informativa que también será enviada a todos los centros educativos de la comunidad. Por otro lado, hay que destacar que el plazo de matrícula para Infantil y Primaria irá desde el 30 de junio hasta el 6 de julio, mientras que para Secundaria entre el 30 de junio y el 8 de julio.
Sin cerrar aulas. La despoblación es uno de los principales problemas a los que tiene que hacer frente el sistema educativo. En pleno debate por la financiación de las autonomías, este Gobierno regional tiene claro que garantizar este derecho fundamental es vital en cualquier pueblo de la provincia y, de esta forma, de cara al curso que viene no contempla –en este momento– el cierre de ningún colegio rural. Por ahora es pronto para hablar de ello, destacó Isidro, y es que tanto las posibles aperturas como las fatídicas clausuras suelen ser «de última hora» por las especiales circunstancias de las familias y los alumnos. Ahora bien, «con la política de mantener aulas abiertas con tres alumnos, no me consta que vayamos a cerrar ninguna, a no ser que tengamos algún traslado de alguna familia por temas laborales», argumentó la delegada.
La fría realidad de los datos, sin embargo, es tozuda y eso evidencia la apuesta por la educación en municipios arrinconados por la falta de habitantes. Respecto al curso anterior, la cifra de plazas escolares ofrecidas en Infantil es un diez por ciento menor. Algo que a juicio de Isidro evidencia una tendencia generalizada en la sociedad como es el descenso de la natalidad. En cambio, el número de plazas se incrementa un dos por ciento en Secundaria y se mantiene igual en Primaria. Con todo, sentenció la titular de Educación en la provincia, las cifras «varían» mucho cada año.