La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado el proceso de elaboración de la futura Ley LGTBI de la región con el inicio de la pertinente consulta previa dirigida a colectivos y particulares interesados en presentar sus aportaciones a esta normativa. Este proceso se mantendrá abierto hasta la simbólica fecha del domingo Ocho de Marzo, Día de la Mujer. La norma nace con el propósito, según recoge el texto de la consulta, con el propósito de garantizar los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales buscando «la igualdad efectiva».
El Gobierno regional pretende garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, «así como del resto de personas que forman parte de la diversidad sexual, previniendo y eliminando cualquier discriminación derivada de la orientación e identidad sexual o expresión de género», según se recoge en el texto de la consulta.
El Gobierno regional reitera aquí su compromiso con la consecución de una sociedad donde se favorezca la igualdad social y el fomento de políticas públicas contra la discriminación por orientación e identidad sexual o expresión de género. Quiere dar respuesta a la demanda existente de esta ley garantizando plenamente derechos y libertades fundamentales a estos colectivos. Ve necesario proteger a estas personas frente a todo tipo de discriminación, «reconociendo sus derechos y garantizando una actuación integral desde todos los ámbitos en el marco de las competencias autonómicas». Este reconocimiento social se plasmará de forma interseccional debido a la heterogeneidad y diversidad de la población de Castilla-La Mancha, tanto en entornos urbanos como rurales, que suman muchas identidades e intereses al mismo tiempo: género, raza, edad, religión, capacidades, posición social y económica, entre otros.
Atención al medio rural. La futura norma incluirá entre sus objetivos para la protección de los colectivos LGTBI una formación y sensibilización dirigido a toda la sociedad castellano-manchega, «garantizando el acceso al medio rural, eminentemente marcado en nuestra región», se precisa.
También se determinará la detección, protección, atención integral y reparación del daño a las víctimas de delitos de odio y discriminación por razón de orientación e identidad sexual o expresión de género. Junto a ello, se prevé la adopción de medidas y puesta en marcha de políticas públicas para garantizar la igualdad efectiva de los colectivos LGTBI. Y se ofrecerá reconocimiento y apoyo institucional para garantizar la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI en cualquier ámbito de la vida social . En particular, se citan para ello las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, deportiva, de orden público en general, y en todas las etapas de la vida y todas las contingencias en su desarrollo humano.
Se espera, con la futura ley, «contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas», con medidas concretas para conseguir «una sociedad más justa, libre, inclusiva y democrática, basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI y en la aceptación de la diversidad como un valor añadido».
En el texto de la consulta, también se descarta que existan alternativas normativas a la puesta en marcha de esta nueva Ley LGTBI regional. «La necesidad de una ley que blinde, a nivel jurídico, los derechos de las personas LGTBI es de obligado cumplimiento como principio de igualdad de trato y no discriminación. Al tratarse de una legislación totalmente novedosa, no existen otras alternativas», se señala.