La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha ordenado al servicio regional de salud (Sescam) a abonar íntegras las pagas extras a los residentes sanitarios en formación, según ha indicado Comisiones Obreras.

En una nota de prensa, CCOO ha explicado este domingo que el TSJCM ha atendido la argumentación del sindicato, y en una sentencia ha ordenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que se abonen íntegramente las pagas extras a los residentes sanitarios en formación, ya que hasta ahora el Gobierno regional ha venido manteniendo en los presupuestos el recorte que se aplicó en 2010.

Según CCOO, en las sucesivas leyes de presupuestos de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo autonómico ha venido manteniendo el recorte que se aplicó a las pagas extraordinarias de junio y diciembre del personal sanitario residente en formación a partir del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Los residentes trabajando en los hospitales de Castilla La Mancha

Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJCM ha considerado que es el Real Decreto 1146/2006 el que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y las retribuciones que deben percibir los residentes.

Asimismo, ha determinado que "es cuestión de derecho laboral sustantivo" y que "forma parte de la legislación laboral de competencia exclusiva del Estado", por lo que ha entendido que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "no puede, como ha venido haciendo, modificar esa norma a través de sus propias leyes presupuestarias", ha apuntado Comisiones Obreras.

Y también ha entendido que los recortes establecidos en el Real Decreto-Ley de 2010 "al ser normas restrictivas de derechos, han de aplicarse en sus estrictos términos, siendo lo importante a los efectos de su aplicación que las circunstancias que justificaron la legislación de urgencia concurran en el momento de ser aplicadas, sin que sea asumible una pretendida congelación de la situación que lo motivó", ha añadido el sindicato.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal castellanomanchego ha apuntado, además, que han transcurrido más de diez años desde que el Real Decreto-Ley fue dictado y que "no concurren en este momento las razones que hicieron necesaria la adopción de las medidas de reducción que se contemplan en el mismo".

Comisiones Obreras ha valorado esta sentencia porque una vez que sea firme supondrá para los más de 1.200 residentes en formación que hay ahora en los centros sanitarios de la región "una justa y notoria mejora de sus retribuciones".

En este sentido, ha señalado que muchos sanitarios residentes de la región comenzaron hace un par de años a acudir a los juzgados de lo Social para reclamar sus pagas extras íntegras.

Por este motivo, y ante la proliferación de demandas individuales, el Gobierno regional optó por interponer en el TSJCM un conflicto colectivo de interpretación de la norma, con el fin de atajar las diversas interpretaciones que pudieran hacer los distintos juzgados, ha informado CCOO.

"En definitiva, lo que solicitaba al TSJCM era que convalidase su forma de actuar en la retribución de las pagas extra del personal residente, que la Sala de lo Social declarase correcto y legal el mantenimiento del recorte", ha aclarado la secretaria general de la FSS-CCOO de Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra.

Así, en el conflicto colectivo interpuesto por el Sescam se citó como demandados a los comités de empresa de todas las Gerencias de Atención Integrada y a los sindicatos representativos (CESM, CSIF, Satse, SIMAP-CLM, UGT, Usae, Usicam, USO y CCOO), aunque finalmente el TSJCM "nos ha dado la razón", ha celebrado la secretaria regional de FSS-CCOO.

Cuadra ha añadido que aunque puede recurrirse en casación "la sentencia es muy clara y contundente", por lo que ha pedido al Sescam que no la recurra, para que los residentes y las residentes de Castilla-La Mancha "vean cuanto antes incrementadas sus pagas extra", y con atrasos de un año, según entiende el sindicato.