El Gobierno de Pedro Sánchez en conjunto, y algunos ministros en particular, se han especializado en hacer de cada decisión un nuevo conflicto. Por precipitación, por oscurantismo, por falta de pedagogía, por ausencia de explicaciones, por una aplicación del ordeno y mando que si no vulnera leyes y acuerdos internacionales está muy cerca de hacerlo, por la judicialización a la que abocan y porque pone en cuestión la aplicación de una visión progresista a la hora de afrontar los problemas, que es la que se le supone. La decisión del ministerio del Interior de abordar la repatriación de los setecientos menores acogidos en los centros de Ceuta que se quedaron en la ciudad autónoma tras la crisis del pasado mes de mayo con Marruecos, es un compendió de todos los errores posibles que ha derivado en un nuevo rifirrafe entre miembros del mismo Ejecutivo, y en un cruce de desmentidos entre las distintas instituciones que algo tienen que decir a la hora de preservar los derechos de los menores no acompañados que se encuentran en nuestro país.   

La crisis desatada con Marruecos por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali para ser tratado de covid-19 en un hospital de Logroño, de la que no se informó a las autoridades alauitas, ha derivado en un nuevo enfrentamiento interno entre los ministerios de Interior y Derechos Sociales, que sumado al del precio de la luz y otros asuntos económicos ha acabado con la tregua que parecía haberse establecido entre la áreas socialistas y moradas del Ejecutivo, tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno 

Sin duda es una buena noticia la recomposición de las relaciones entre España y Marruecos, en la que se venía trabajando desde el cambio en el Ministerio de Exteriores, que había comenzado a dar sus frutos. Que la primera medida de distensión sea el acuerdo para aplicar una norma de hace catorce años, que apenas ha sido utilizada en la repatriación de los menores, deja de nuevo la sensación de que son las autoridades marroquíes las que marcan el paso en las relaciones entre los dos países. Y lo que es peor parece que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha actuado bajo el síndrome "teníamos un problema y lo hemos resuelto", aplicado por el Gobierno de Aznar en la repatriación de un grupo de inmigrantes que fueron drogados para subirlos al avión.  

En este caso, no obstante, Grande-Marlaska ha actuado de acuerdo con el gobierno de Ceuta, del PP, que es el que ha soportado la crisis migratoria y humanitaria sin encontrar oídos en otras comunidades a su petición de ayuda para el reparto de los menores no acompañados. Mientras, la dirección de Génova no apoya las repatriaciones, como hace Vox sin disimulo, pero busca los flancos para criticar al Gobierno en sus contradicciones en materia de inmigración irregular.    

Como señalan el Defensor del Pueblo, la fiscalía y las oenegés, las devoluciones a Marruecos de los menores deben realizarse con todas las garantías y sin vulnerar su derecho a ser oídos. Una vez que se ha desbaratado el factor sorpresa de la operación puesta en marcha por Interior, hay dos posibilidades, continuar con las repatriaciones a razón de quince menores al día, mientras le llueven las críticas; o suspenderlas hasta que no haya sombra de duda sobre el cumplimiento de la legalidad. O sostenella o enmendalla. Marlaska es de los de no dan marcha atrás.