No se ha podido hacer peor. No es razonable que España haya pasado, en horas 24, del estado de alarma al descontrol casi absoluto. El Gobierno de Pedro Sánchez, como viene siendo habitual desde el pasado verano, se ha quitado de en medio en un momento fundamental de la lucha contra la pandemia y ha dejado la pelota en manos de los ejecutivos regionales y de los tribunales. Un disparate sin parangón en país alguno de Europa.
Cumplido el estado de alarma, la Moncloa ha colocado al país en una especie de limbo legal en el que los dirigentes autonómicos se ven desarmados de herramientas legales para hacer frente a los contagios y los tribunales se encuentran, de repente, con que son ellos los encargados de tomar decisiones sobre asuntos como la movilidad, los toques de queda, los aforos... Un auténtico disparate que ha provocado la queja unánime y el rechazo absoluto de los presidentes regionales, sean del color que sean, alarmados ante el panorama al que deberán hacer frente.
Cierto que el ritmo de vacunación marcha a un ritmo acelerado y que la velocidad y las cifras de los positivos, así como los datos que muestran los registros hospitalarios, han mejorado. Pero el  problema sigue ahí, no se ha acabado ni mucho menos con la pandemia, por lo que esta actitud del Ejecutivo de Sánchez se antoja una temeridad. No es el Supremo el que debe asumir la responsabilidad de esta política. El Gobierno no puede desentenderse de una responsabilidad que es suya. La cogobernanza no es esto, no es cruzarse de brazos y endilgarle las responsabilidades a las comunidades o a los tribunales. Cada juez dictará, como ya ocurrió en el pasado, sentencias diferentes y nos toparemos, súbitamente, ante el caos.