Los presidentes autonómicos socialistas se han unido a los del PP en una carrera por ofrecer rebajas fiscales de cara a las elecciones de mayo. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un "impuesto a los ricos" (del que no daba más datos de destinatarios y cuantía contribuyendo al sesgo populista de la expresión "los ricos"), el valenciano Ximo Puig sorprendía a propios y extraños, proponiendo una reducción del IRPF.
No han tardado en seguirle los presidentes socialistas de Aragón, Canarias, Navarra, Baleares o Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page mantiene un contencioso con Moncloa. Hay quien piensa que no repetirá como candidato, salvo que su nombre sea la única garantía de no perder las elecciones.
En conclusión: de las diecisiete Comunidades Autónomas que en mayo acudirán a las urnas, once ya han anunciado que van a bajar los impuestos, bien en patrimonio y sucesiones o en su tramo de IRPF.
Mientras tanto, Pedro Sánchez, que está impulsando un giro a la izquierda para dar la vuelta a unas encuestas, claramente a favor de Feijoo (salvo el CIS, por supuesto), promete redistribuir la renta penalizando a los que más ganan, sean particulares o empresas. Y, al final, el ciudadano de la calle mira con distancia este despiporre fiscal que, depende de donde viva, le va a llevar a pagar, en mayor o menor medida, por casi todo. Tanto si hereda como si le suben el sueldo, de acuerdo a la desmesura del IPC ( sueño imposible).
Ante el caos logrado por los anuncios de rebajas, y ocultando el malestar del Gobierno ( por no decir cabreo supino) con Ximo Puig, que no les adelanto su propuesta, la ministra portavoz Isabel Rodríguez recordaba lo obvio: "reducir política fiscal quiere decir reducir ingresos y recursos". En parte tiene razón, porque a las Autonomías, cuando se les acaba el dinero, acuden raudas a pedir trasferencias del Estado.
Pero, quizá, a la ministra se le olvidó que la declaración de la renta arranca en abril, en plena campaña electoral, con una prevista desaceleración económica y un aumento en la cesta de la compra que puede seguir penalizando las economías domésticas. Y a la hora de coger la papeleta muchos votantes se mirarán la cartera.
El Gobierno de coalición sabe también que los resultados de mayo son un anticipo de lo que ocurrirá en diciembre o enero con las generales, en pudiendo condicionar un cambio en Moncloa.
Por lo tanto, pongan orden, acaben con el jaleo fiscal y dejen de anunciar medidas imposibles de cumplir.