Con la estética ya tradicional (tres encapuchados con el logo de la banda y las banderas de Euskadi y Navarra de fondo), un tono victorioso sin ápice de arrepentimiento y la amenaza, pacífica eso sí, de que su lucha sería continuada por la izquierda abertzale, ETA anunciaba el 20 de octubre de 2011 el «cese definitivo de la violencia». Casi 60 años de atentados, secuestros, extorsiones, coches bombas y, sobre todo, mucho sufrimiento comenzaban a escribir su final a las seis de la tarde de aquella jornada, cuando la web del periódico Gara  -portavoz oficioso de la organización- se colgaba ante las miles de personas que querían acceder al comunicado y al vídeo de una de las noticias más esperadas por los españoles. En abril de 2017 ese «cese definitivo de la violencia» se amplió con la entrega de las armas, en un acto con más pompa que pistolas, y un año después, la organización terrorista anunciaba su disolución definitiva. ETA ya no existe y, sin embargo, sigue presente.

Y es que, pese a la desaparición de la banda, los presos y, principalmente, las organizaciones políticas y sociales vascas que le dieron cobertura durante años siguen presentes en el día a día. EH Bildu, la coalición que representa a la izquierda abertzale, se ha consolidado como segunda fuerza política regional y, además, sorprendió dando un giro histórico al aceptar el juego de mayorías e influencias también en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, su apuesta por caminar sin el lastre de la violencia, pero sin renegar de un pasado que ahora condiciona su actividad, convierte a la formación de Arnaldo Otegi en socio incómodo para un Gobierno que insiste, una y otra vez, en que Bildu participa ya del juego democrático, dejando atrás el pasado. Una obstinación que indigna a la derecha y a los colectivos de víctimas que consideran que se está blanqueando a una organización que dejó 856 muertos y miles de heridos desde que naciera en 1958 a la sombra de un PNV que sigue manteniendo la ambigüedad en este tema. El árbol y las nueces, que defendía el difunto Arzallus.

Los presos

No es lo único que los damnificados por la violencia terrorista y la oposición echan en cara al Gabinete de Sánchez. Los presos etarras que aún siguen en la cárcel se han convertido en otra arma arrojadiza que hace que la banda siga presente en el debate de actualidad. En este sentido, la política de dispersión de los reos terroristas, que se utilizó mientras la banda estuvo en activo, ha quedado ya sepultada en el olvido. Según las asociaciones son casi 60 los terroristas que se encuentran en territorio vasco, mientras que el otro centenar que aún cumplen condena está a pocos kilómetros de su tierra gracias a los traslados que ha ejecutado el Gabinete de coalición, aunque los movimientos comenzaron ya con el PP en el poder. El temor de las víctimas ahora es que la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco se transforme en beneficios penitenciarios para los reclusos de la organización. Algo que no es descabellado, como se vio en Cataluña con los presos del procés.

Además, siguen celebrándose homenajes públicos a miembros de ETA excarcelados o que continúan en prisión, sin que la Justicia detenga los actos, como ocurrió hace unas semanas cuando la izquierda abertzale organizó un evento en apoyo a Henri Parot, uno de los pistoleros más sangrientos de la Historia de la banda, con más de una treintena de muertos a sus espaldas.