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Los ciberdelitos se multiplican por diez en la última década

Leo Cortijo
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Mientras que en 2011 se registraron apenas 120 infracciones penales en la red, el año pasado ese número aumentó hasta casi las 1.250, de las cuales solo terminaron por esclarecerse algo más de un 16 por ciento.

Las estafas de todo tipo, pero especialmente bancarias y con tarjetas de crédito de por medio, son las infracciones penales que con mayor asiduidad se dan en la red. - Foto: Reyes Martí­nez

Los malos de la película lo tienen meridianamente claro. Internet, de un tiempo a esta parte, es su campo de acción preferido. En la red campan a sus anchas gracias a la aparente y engañosa impunidad que ofrece actuar bajo el anonimato y sin dejar huellas. La cibercriminalidad es un fenómeno al alza y ha ganado terreno durante los últimos años de forma exponencial, sufriendo un repunte a nivel general tras el estallido de la pandemia. No en vano, el uso de internet creció gracias al confinamiento, ya que a muchos ciudadanos no les quedó otro remedio que utilizar esta herramienta para sus gestiones administrativas, transacciones comerciales o relaciones sociales. Un escenario ideal para estafadores, ladrones o pederastas.

Juan Carlos Fernández, abogado especialista en nuevas tecnologías, destaca que el aumento de la digitalización de la sociedad ha incrementado el número de potenciales víctimas y la variedad de perfil de éstas. «No olvidemos que las pymes son el principal objetivo de los ciberdelincuentes, ya que el potencial botín de estas organizaciones es más goloso», resalta.

Las estadísticas ponen blanco sobre negro en este sentido. Los ciberdelitos se han multiplicado prácticamente por diez en territorio conquense durante la última década. De esta forma, mientras que en 2011 se tuvo constancia de 122 infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad, el año pasado ese número se incrementó hasta las 1.249. El portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior refleja que los delitos en esta materia siempre han ido en aumento. De esta forma, si el incremento es de más del 920 por ciento respecto a hace diez años, en relación al último lustro fue de más del 350. Entre 2019 y 2020, bienio marcado por la incidencia del coronavirus, la diferencia fue de algo más de 18 puntos.

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«El virus ha venido a digitalizar a un perfil de la sociedad que no lo había hecho hasta ahora», comenta el responsable del despacho Tecnogados. Según datos del INE, el 99 por ciento de los hogares españoles con personal dependiente tiene conexión a internet y es más que evidente que el comercio electrónico ha llegado a todos lo hogares. «Servicios como el de la banca electrónica ha dejado de ser una opción para llegar a ser una casi imposición del sector bancario, desconociendo muchos ciudadanos su funcionamiento, a la vez que los potenciales riesgos que entraña», argumenta el experto. «Esta brecha en la digitalización de la sociedad ha hecho que los ciberdelincuentes encuentren aquí el mejor caldo de cultivo para sus potenciales víctimas», añade al respecto.

Cambiamos el tamaño de la lente y analizamos ahora los tipos de delito más habituales en internet. Hay uno de ellos que sobresale de forma prominente respecto al resto, y es el que hace referencia a estafas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. De hecho, casi la mitad (605) de las infracciones totales cometidas en la provincia el año pasado se circunscribieron a este capítulo. Otra parte importante (194), y muy relacionada con la anterior, tiene que ver con estafas bancarias. Asimismo, si a estos guarismos les sumamos los que se notifican bajo el epígrafe de ‘otras estafas’, podemos concluir que el 86 por ciento de los ciberdelitos cometidos durante el año de la pandemia se ciñen única y exclusivamente a estafas.

El engaño en el entorno digital, conocido como phising, ya no sólo llega a través del correo electrónico, sino que se ha adaptado al móvil. Últimamente –destaca Fernández– «hemos visto ataques a los contactos de la agenda del teléfono enviando un SMS de texto invitando a descargarse alguna aplicación». A su juicio, éste es el «principal riesgo» en el entorno móvil, la instalación de una aplicación maliciosa que podría tomar el control remoto del terminal e incluso el acceso a servicios de banca electrónica. A nivel empresarial se dan otro tipo de ataques, como por ejemplo la suplantación de la identidad del director o de algún cargo de responsabilidad o la suplantación de facturas.

Asimismo, y a muchos cuerpos de distancia en este delictivo ránking, se encuentran otras infracciones penales como el delito de amenazas (65), el de usurpación del estado civil (54) y el de injurias (20). En el furgón de cola se posicionan accesos ilegales informáticos (ocho), coacciones (siete) y descubrimiento o revelación de secretos y ataques informáticos (cinco). Aunque se notifican de forma excepcional, no hay que apartar la mirada por su extrema gravedad de los casos que se registraron por pornografía de menores, abuso y acoso sexual, corrupción de menores con discapacidad funcional o delito de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales.

En lo que atañe a este capítulo, Fernández comenta que la adaptación de la sociedad a la digitalización está haciendo que hechos como la injuria o la calumnia ahora se realicen a través de redes sociales o mensajes de WhatsApp. «Todo este tipo de evidencias digitales pueden presentarse como prueba legal a un proceso judicial, eso sí, con todas las cautelas pertinentes teniendo que garantizarse la integridad y autenticidad de las mismas, cosa que en muchas ocasionales no son válidas con una simple captura de pantalla», subraya el abogado especialista en nuevas tecnologías. Además, apostilla, «hay que actuar con rapidez, ya que la volatilidad de la huella digital que dejan los ciberdelincuentes puede desaparecer en cuestión de minutos».

Hechos esclarecidos. Prácticamente en la misma proporción en la que se producen todos estos delitos aumenta el número de los que terminan por esclarecerse. Ahora bien, el porcentaje de aquellos sobre los que se arroja luz en un mar de tinieblas es muy pequeño. Las estadísticas del Ministerio del Interior revelan que, en 2020, solo 206 de las 1.249 infracciones notificadas fueron esclarecidas. Eso, en términos relativos, apenas supone el 16,5 por ciento de los casos. Es decir, más de ocho de cada diez delitos que se cometen en internet no llegan a dilucidarse. El acierto policial se produce, en mayor medida, entre aquellas violaciones de la ley más recurrentes en la red, que son las estafas.

Tres cuartos de lo mismo sucede si lo que se analiza es el número de personas detenidas e investigadas. Hasta 88 en territorio conquense a lo largo de 2020; 315 durante la última década. La inmensa mayoría de esos 88 detenidos o investigados –59– lo fueron tras cometer algún tipo de estafa. Destacan también las 13 personas que engrosan esta lista dentro del delito de amenazas.

Consejos prácticos. Juan Carlos Fernández ofrece una serie de recomendaciones tanto a ciudadanos como empresas para evitar ser víctimas de un ciberdelito. El punto de partida es «la formación y la cultura de ciberseguridad» en el entorno digital, «ayudando al ciudadano a que entienda el uso de este nuevo contexto y sus ciberriesgos». De cara a las empresas, es clave «la reducción de la superficie de exposición, las copias de seguridad de la información y la formación a sus trabajadores, ahora más que nunca con la llegada del teletrabajo». Los empresarios deben entender, remata, que el riesgo en ciberseguridad «queda dentro de su programa de contingencia y continuidad de negocio».