La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció ayer que su partido está preparando un Libro Blanco para la libertad en Cataluña que presentará a principios de septiembre y que tiene como objetivo revertir la expulsión del Estado en esta comunidad y fortalecer a los constitucionalistas. Para lograrlo propone, entre otras medidas, aumentar la presencia del mismo, «incentivos» sociales y económicos para los defensores de la Carta Magna y proteger la «lengua común».
Se trata, según expuso, de un plan «profundo y ambicioso, a largo plazo» y que «va más allá del articulo 155». Es una apuesta estratégica que requiere de una «convergencia» muy grande no solo de los partidos, sino también de la sociedad civil, de sectores como las letras, la economía, la cultura o la judicatura, entre otros.
La dirigente popular recordó que el expresident Jordi Pujol tenía un plan para la autonomía con el que organizó los «objetivos de construcción nacional, la expulsión del Estado y hasta de los valores democráticos de Cataluña», y que fue aplicando «en medios, en aulas, en espacios públicos» hasta el punto, afirmó, de que ahora es «uno de los sitios donde la democracia es más frágil».
A su juicio, la región mediterránea está «tomada» y hay que recuperarla, ya que este plan independentista ha propiciado, según Álvarez de Toledo, que ser nacionalista sea «un chollo» porque está lleno de incentivos para «prosperar en la vida». Mientras que, por el contrario, ser constitucionalista allí «ha sido una ruina», calificando de «héroes» a quienes se declaran como tales. «Eso no puede ser, ese proceso hay que revertirlo», exclamó la portavoz parlamentaria. Ese es el objetivo del Libro Blanco que prepara su formación y que contiene un «plan de actuación intensivo» en Cataluña, que espera que se pueda aplicar «lo más pronto posible».
La madrileña no quiso desvelar las medidas, pero sí insistió en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en la Comunidad, proponiendo que se «desmantelen» las «estructuras paraestatales» que se han ido creando; que se refuerce, incentive y premie a los funcionarios en Cataluña; se proteja la «lengua común» y a las personas que quieren estudiar en español.
También apuntó la necesidad de que RTVE refleje los valores de España y el pluralismo en su emisión en esta comunidad, al tiempo que criticó a la televisión pública autonómica. «TV3 es de todos o no es de nadie», exclamó antes de afirmar que «no es razonable» que el director de esta cadena pública esté imputado y siga en su puesto como si no pasara nada. En su opinión, «la ausencia de reacción social y política hace que estas cosas puedan ocurrir» en referencia también a la veintena de cargos de la Generalitat procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su implicación en el 1-O y siguen en sus puestos.
«Hemos ido aceptando como normales cosas que no lo son. Debemos devolver a cada hecho su significado y su gravedad», explicó la popular, para poner el énfasis en la necesidad de «movilizar al constitucionalismo» y a los «demócratas» para que «estas cosas no pasen y haya un profundo castigo social».