La historia se repite. Cuando los que quieren romper con la Constitución y separarse de España otean debilidad en quienes gobiernan o están llamados a hacerlo en el conjunto del Estado, aprietan el acelerador. Fue en plena crisis económica con la prima de riesgo por las nubes y Bruselas preparando el rescate -que afortunadamente no cristalizó- cuando Artur Mas, independentista converso, le exigió la Luna a Mariano Rajoy bajo amenaza de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Aquellos días preñados de zozobra desembocaron en los hechos que conocemos: la proclamación de la República catalana, una declaración unilateral de independencia y la correspondiente aplicación del Artículo 155 de la Constitución que suspendió la autonomía hasta la posterior celebración de elecciones.
Lo que vino después es lo de ahora: el empantanamiento de la vida política española. Se cumple el axioma según el cual los separatistas --catalanes y vascos-- no pueden lograr la independencia de sus respectivos territorios pero condicionan la política general española. Hasta el punto de encontrarnos con un Pedro Sánchez, auto designado candidato a la Presidencia, cuya investidura depende de Esquerra Republicana, partido separatista que marca el calendario de la vida política nacional exigiendo a Sánchez que quienes en nombre del PSOE negocian los apoyos a la investidura trasladen la mesa del pacto a Barcelona. El emperador obligado a acudir a Canosa. Conocedores de la ambición de Sánchez, con sólo 13 diputados y con su líder cumpliendo prisión por sedición y malversación, ERC tiene en su mano el futuro de la gobernación de España.
No son los únicos que se aprovechan de la debilidad de Sánchez. También el PNV fiel a su trayectoria de ordeñar la vaca y no compartir la nata ha sacado del armario el fantasma del lehendakari Ibarreche. Su sucesor, el "moderado" Íñigo Urkullu, quiere impulsar una reforma del Estatuto para declarar a Euskadi "sujeto jurídico- político soberano" en la idea de que el nuevo ente que proponen asuma los derechos históricos que la Constitución reconoce a los territorios forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Un proceso de centralización contrario a la tradición foral vasca que se prevé como fase previa a la reclamación del derecho de autodeterminación de la nación vasca. El momento elegido no es casual. Se anuncia a sabiendas de la extrema debilidad de quien desde el Gobierno en funciones (el PSOE sólo tiene 120 diputados) también necesita los votos del PNV en el Congreso para superar la investidura y seguir en La Moncloa. Así que ellos a lo suyo: al cuanto peor, mejor.