Barcelona sufre una importante crisis de seguridad. Cuando aún permanecen en el recuerdo las trágicas imágenes de los atentados del 17-A en las Ramblas, de los que se cumplen ahora dos años, este viernes se registró el tercer homicidio en una semana en la Ciudad Condal, al morir un hombre apuñalado tras una pelea de madrugada en el distrito de Nou Barris. Fuentes policiales atribuyen las mayoría de las muertes en peleas a asuntos vinculados con el tráfico de drogas, y desde los Mossos de Esquadra se insiste en asegurar que se trata de «hechos aislados». No obstante, desde el Consistorio barcelonés, que encabeza Ada Colau, se reconoce la crisis de seguridad que padece la ciudad. Y es que en lo que va de año, 12 personas han muerto de manera violenta, mientras que en todo 2018 se contabilizaron una decena de homicidios. 

De momento ya se han tomado las primeras medidas, y la Generalitat y el Ayuntamiento ha acordado un plan de choque que consistirá en enviar 320 mossos más a la capital catalana, aunque habrá que esperar hasta el otoño para que la medida se materialice. La situación no deja de ser preocupante también para el conjunto del país, no en vano Barcelona es una de las imágenes más visible en todo el mundo de esa Marca España, que abre las puertas tanto al turismo como al comercio internacional. Y es que a la situación propiciada por los efectos de la fractura social derivados del independentismo, movimiento que en los últimos tiempos parece perder fuelle ante la debilidad de las posiciones de los partidos y las asociaciones que lo impulsan y el hartazgo por esa división de la sociedad que se ha generado, se suma ahora esta circunstancia de la creciente ola de criminalidad que se vive en Barcelona, también reflejada en el aumento de robos, que en no pocas ocasiones tienen como principales afectados a los turistas.

Habrá que esperar a ver cómo fructifican esas medidas, pero el Ministerio del Interior no debe quedarse de perfil esperando a que lleguen esas soluciones y su funcionamiento, y en caso de ser necesario, aunque no se demande su intervención, es necesario que de un paso al frente para acabar con esa sensación de inseguridad que se está extendiendo. Y si desde la Generalitat y desde el Ayuntamiento se niegan a pedir esa colaboración, tendrá que ser el Gobierno central el que tome cartas en el asunto porque la seguridad es un asunto en el que no se pueden admitir debilidades. Está en juego el bienestar de los ciudadanos barceloneses, pero también el de sus cientos de miles de visitantes, y la Marca España no se puede permitir por más tiempo que se juegue con su prestigio con un asunto tan serio por incompetencia de unos políticos que solo miran por sus intereses particulares.