El Defensor del Pueblo recibió durante el pasado año 2022 un total de 91 quejas procedentes de la provincia de Cuenca, ocho menos que en el ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 8,1 por ciento, tal y como se recoge en el informe anual de la actividad de la institución registrado recientemente en las Cortes Generales. Quejas de los conquenses que suponen poco menos del 7% de las 1.314 remitidas en total desde Castilla-La Mancha al organismo dirigido por Ángel Gabilondo.
No en vano, Cuenca no solo es la única de la región que ve descender el número de quejas en 2022, sino que, además, se sitúa como la provincia castellano-manchega con menor volumen de quejas enviadas al Defensor del Pueblo. Un ránking, por cierto, liderado por Toledo, con un total de 587 registradas, un 23,3% más que en 2021. Le siguen Ciudad Real, con 245 y un incremento del 0,8%; Guadalajara, con 224 y un aumento del 5,2%; y Albacete, con 167 y una subida del 4,4%.
Los ciudadanos, según Gabilondo, insisten, a través de sus quejas, en que «las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario», al tiempo que ponen el énfasis en que "los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online».
El informe del Defensor del Pueblo también recoge un expediente de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional procedente de la provincia de Cuenca. Uno de los tres registrados en este periodo en Castilla-La Mancha, junto a los remitidos desde las provincias de Ciudad Real y Toledo.
Recomendaciones. Pero la actividad del Defensor del Pueblo, en su labor de supervisión de la Administración para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no se limita a la tramitación de las mencionadas quejas, sino que también formula sugerencias y recomendaciones a diversos organismos, entre los que se encuentran en este 2022 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Motilla del Palancar y los ayuntamientos conquenses de Santa Cruz de Moya y Enguídanos.
En el caso de Enguídanos, el Defensor del Pueblo se pronuncia sobre la prohibición a un asistente al Pleno de grabarlo con su dispositivo móvil. Recuerda que «las sesiones plenarias son públicas y, por lo tanto, susceptibles de ser grabadas y difundidas en medios de comunicación, salvo por razones muy justificadas vinculadas a la alteración del orden». De ahí que inste al Consistorio a que no impida la grabación de los plenos y la difusión de lo grabado y «procure los medios materiales y personales necesarios para habilitar otro local donde celebrar las sesiones con carácter público, mientras persista las causas de fuerza mayor que impidan su celebración con público en el lugar de costumbre».
Recomienda, por otro lado, en este caso al Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, que adopte las medidas oportunas para poner a disposición de los ciudadanos copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y de los convenios urbanísticos vigentes en el municipio, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos, además de que se publicasen en la sede electrónica del Ayuntamiento.
A la Secretaria de Estado de Justicia, le insta a tomar las medidas oportunas para reducir la pendencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Motilla,
Y, por último, tilda de «administraciones no colaboradoras» al no haber contestado después de tres requerimientos a los ayuntamientos de Montalbanejo y Almonacid del Marquesado, en relación a la ubicación de unos contenedores, y al de Villar del Humo respeto a la caída de un árbol en el cementerio.