La defensa del medio ambientete exige promover la responsabilidad y el cuidado de un bien común, pero, además, hacer efectivo el principio quien contamina paga. En la senda hacia la descarbonización, contar con regulación estable y previsible, capaz de ordenar la marcha de la economía y dar seguridad jurídica es tan importante como disponer de un correcto diseño de instrumentos económicos. Fiscalidad y comercio de derechos de emisión son dos de las herramientas que asumen, en este camino de transición energética justa, la función de emitir las señales correctas en los precios. 

Fijar el precio del carbono está en las agendas públicas para hacer frente a los retos urgentes que se plasman en planes y leyes sobre cambio climático y energía. Sin embargo, el paso de la aplicación del principio quien contamina paga desde el plano político al de las acciones es incoherente. Así de rotundamente se expresa el Tribunal de Cuentas Europeo cuando en su Informe Especial (12/2021) recomienda reforzar la integración de este principio en la legislación medioambiental y proteger los fondos de la UE, de forma que no sirvan para financiar proyectos que deberían ser costeados por los agentes contaminantes.

En el ámbito de la UE, el régimen de comercio de derechos de emisión y la armonización de la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad han tenido un importante papel. No son herramientas perfectas y por eso están en proceso de revisión bajo el paraguas del paquete legislativo 'Objetivo 55' (julio, 2021) que trata de integrar coherentemente todas las piezas. En el ámbito interno, sigue siendo tarea pendiente en España acometer una reforma fiscal medioambiental. Los cambios introducidos hasta la fecha en nuestro sistema fiscal han carecido de sistematización: ni han atendido a principios y directrices capaces de dotar al conjunto de nuestras figuras tributarias de unidad, racionalidad y coherencia - características propias del calificativo de todo sistema que se precie de tal - ni han sido suficientes para contribuir a mitigar los problemas medioambientales de nuestro tiempo. 

El Libro Blanco para la Reforma fiscal en España (marzo, 2022) realiza un diagnóstico de las deficiencias de nuestro modelo fiscal medioambiental y contiene 19 propuestas para superarlas y hacer frente a los retos del siglo XXI. Las ideas que allí se plasman tratan de contribuir a alinear nuestra fiscalidad con los objetivos ligados a la neutralidad climática. Revisar la fiscalidad medioambiental y de la energía en España requiere apoyarse en bases conceptuales firmes y en directrices claras como las que a continuación se relacionan: 

 >Aplicar con efectividad el principio quien contamina paga al diseñar tributos e incentivos fiscales. La señal en precios ha de ser correcta y transparente sin dejar fuera de gravamen a sectores o emisores igualmente contaminantes. 

>Contribuir a los retos medioambientales asociados al cambio climático definidos en nuestras leyes internas y europeas como concreción de los planes estratégicos. 

>Coordinar la fiscalidad con los instrumentos regulatorios y de mercado. La reforma fiscal medioambiental no puede desconocer el marco regulatorio. Según el grado de cumplimiento alcanzado de los objetivos comprometidos será preciso fijar la intensidad y urgencia de las medidas fiscales.  

>Integrar sistemáticamente la fiscalidad medioambiental con las figuras tributarias de finalidad recaudatoria. Los principios de justicia tributaria y el principio quien contamina paga en su interpretación constitucional son dos ejes clave para evitar la proliferación de impuestos pretendidamente medioambientales, duplicidades o sobre incentivación de inversiones, actividades o comportamientos que, a la postre, se traduzcan en ineficiencia del gasto público. La evaluación de incentivos ayudará a decidir mantener o intensificar los eficientes y suprimir los ausentes de justificación o alineación con los objetivos medioambientales.

>Coordinar los niveles competenciales y atender a las cuestiones de gobernanza. Dado el diseño constitucional de distribución de competencias fiscales y medioambientales se debe asegurar un nivel de coordinación efectivo a nivel normativo y aplicativo. España es responsable del cumplimiento de compromisos europeos respecto a reducción de GEI, protección de recursos, prevención de riesgos, financiación de infraestructuras o cambios tecnológicos, entre otros.

>Delimitar las áreas prioritarias de actuación como electrificación, transporte sostenible, aumento de la circularidad o una mejor gestión de recursos como el agua.

>Graduar la implantación de medidas fiscales a corto, medio y largo plazo. Planificar los cambios tecnológicos, de equipamiento e inversiones precisa de gradualidad, además de valorar el momento idóneo para introducir las medidas de reforma fiscal, en función de los datos macroeconómicos y la situación de cada sector.  

>Aprobar paquetes compensatorios selectivos para colectivos vulnerables y para proteger la competitividad. Los tributos medioambientales tienden a ampliar bases imponibles y su recaudación puede financiar medidas compensatorias y acciones medioambientales. 

>Considerar referencias comparadas y cambios normativos. Las reformas fiscales deben evaluar si pueden ser aplicadas a España las experiencias exitosas de otros países y deben tener en cuenta las propuestas normativas (FNSSE o paquete 'objetivo 55', entre otras).

>Asegurar el respeto al marco jurídico constitucional, europeo e internacional. Se ha de cuidar que el resultado de las reformas fiscales respete el marco normativo. En particular, es importante que no haya las ayudas fiscales selectivas ni discriminaciones contrarias a las libertades fundamentales de circulación y evitar otros errores del pasado, como los impuestos pretendidamente medioambientales de finalidad recaudatoria.    

En definitiva, el uso de la fiscalidad medioambiental puede y debe contribuir a la defensa de un bien tan preciado como es el medio ambiente y a que la transición sea justa. Para ello, es un buen punto de partida buscar una aplicación efectiva del principio quien contamina paga en la revisión de las figuras del sistema tributario y en la implantación, en su caso, de nuevos tributos. No debemos engañarnos con respecto a la gravedad de los problemas climáticos y de la energía, pero hay motivos para ser moderadamente optimistas porque disponemos de herramientas factibles para prevenir y corregir daños y de medios para descubrir más.

* Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo-CEU. Miembro de la Comisión de Expertos del Libro Blanco para la Reforma Fiscal