La decisión de la Comunidad de Murcia de interponer alegaciones al borrador del Plan Director de la Red Natura 2000 y su abrupta reacción son la evidencia una vez más de las incongruencias de un país donde no existe un pacto competencial para preservar ni los limitados recursos hídricos ni proteger el medio ambiente en su globalidad. Justo en el cierre de la Cumbre contra el Cambio Climático (COP25), liderada y organizada por España y Chile, que haya comunidades autónomas que aún mantengan posiciones cerradas en cuanto al trasvase Tajo-Segura por intereses puramente económicos certifica la falta de una política común en materia de agua.
Los dirigentes murcianos obvian recomendaciones europeas, sentencias del Supremo pero sobre todo el nuevo camino que marca el discurrir de un cambio climático que pocos niegan si no es por intereses partidistas y económicos. Es inconcebible que cada cierto tiempo una comisión, como la del trasvase Tajo-Segura, se reúna para acordar la transferencia para el Levante al mismo tiempo que una Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), también dependiente del Gobierno central, dictamine los recortes de las extracciones de agua en el Alto Guadiana.
Mientras que a una comunidad de agricultores se le llama para que entre razón ante la escasez de lluvia y la falta de existencias en pantanos y acuíferos, al gobierno murciano le preocupa y rechaza los caudales ecológicos mínimos para el Tajo. Está claro que esta conocida ‘guerra’ por el agua está por encima de intereses sectoriales, económicos y regionales. Pero el Estado debe caer en la cuenta que es más necesario que nunca una postura común, igualitaria y justa para todos los territorios, siempre en beneficio de mantener la sostenibilidad de las actividades, de los pueblos y por supuesto de los propios recursos.
Que la presidencia de la COP25 reclame a los países más contaminantes que se atengan a los estudios científicos para aplicar políticas verdes cuando no es capaz en su propio país de derogar una infraestructura contra natura deja en evidencia el gran trecho que aún queda por avanzar en materia medioambiental en nuestro país. El cambio climático no solo se aborda en anular las emisiones de CO2 sino también en dotar a sus habitantes la posibilidad de mostrar el camino a unas mejores prácticas que estén consensuadas por la comunidad científica, por las regiones y los sectores implicados. El próximo titular de Transición Ecológica está obligado política y moralmente a comprometerse a llegar a un acuerdo para derogar el trasvase. De lo contrario, pierde la legitimidad ante sus ciudadanos y ante el mundo de que España ha emprendido un camino sin retorno.