Se engalanó el Congreso, dentro del protocolo de seguridad por la COVID, para celebrar el pasado martes el triunfo de la democracia sobre la barbarie que es lo que representa el fracaso del golpe de estado que aquel 23 de febrero de 1981 revivió en España los fantasmas del pasado. Tembló aquel día la democracia que, como un niño que arranca a andar, daba unos primeros pasos aún titubeantes, sin más agarres en los que fijar su débil estabilidad que la voluntad de todo un pueblo para mirar hacia el futuro con ilusión y sin rencores, y el consenso de los partidos políticos, capaces de negociar y pactar poniendo por delante los intereses del país a los de sus siglas. Solo así se pudo construir una Transición admirada y estudiada en todo el mundo, aunque aquí, escenario del milagro, algunos traten de tumbarla cuatro décadas después.

Ese consenso aparece ahora como algo lejano, casi inalcanzable. Y la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial así lo demuestra. Más de dos años lleva en funciones el órgano de gobierno de los magistrados porque los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, son incapaces de cerrar un acuerdo que beneficie a la Justicia y con ello al país. Las líneas rojas, los vetos y los actores secundarios -Podemos- toman protagonismo en detrimento de los intereses comunes de los ciudadanos. Curiosamente, no hubo tantos obstáculos para cerrar el reparto de sillones de la Administración de Radio Televisión Española, revelando que cuando quieren pactar, pueden. La cuestión es si para el país no sería más beneficioso que ese entendimiento entre las dos formaciones mayoritarias del Parlamento llegase en cuestiones como la citada Justicia. O ampliando aún más las miras, en ámbitos como la Educación o la Sanidad, pilares reales del Estado del bienestar y que, sin embargo, se convierten cada poco en armas arrojadizas en vez de en puntos de encuentro entre PSOE y PP.

Tampoco la hoja de ruta para salir de una crisis que amenaza no ya el futuro, sino el presente de millones de españoles condenados a la ruina por el coronavirus, ha sido motivo suficiente para que las fuerzas políticas nacionales, sobre todo aquellas que huyen de los extremismos tanto de un lado como de otro, dejen sus diferencias ideológicas a un lado. Pareciera, a tenor de lo que está ocurriendo, que pactar con un rival debilita la posición propia, según los nuevos gurús de la política. Ese consenso que unió en la Transición a Carrillo, Fraga, González y Suárez queda como un recuerdo casi pintoresco de otra época. Como el “¡Se sienten coño!” de un guardia civil con tricornio en la tribuna del Congreso.