Una vez más los dos partidos troncales del sistema político español, PSOE y PP, en este caso secundados por Vox, han impedido que las Cortes Generales debatan sobre un asunto relacionado con la Casa Real. En esta ocasión fue la Mesa del Congreso, con el aval de un informe no vinculante de los letrados de la Cámara, quien ha rechazado admitir a trámite una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del PNV para regular la inviolabilidad del Rey establecida en el artículo 56.3 de la Constitución.
A raíz de esa decisión se han puesto en evidencia varias cuestiones: la primera, que la Constitución habla de la inviolabilidad del Rey en relación con actos refrendados y de los que por tanto sería responsable el Gobierno; en segundo lugar, que los constituyentes ni tan siquiera se plantearon la posibilidad de separar ese tipo de actos de las actividades personales del monarca, porque en aquel momento no podían imaginar la deriva que tendría la actuación del rey emérito, tanto mientras era el titular de la Corona como después, y ni tan siquiera debatieron sobre ello; y tercero, que la decisión de la Mesa puede haber vulnerado la Constitución y el propio Reglamento de la Cámara, dado que no puede dejar de admitir a trámite una proposición de ley presentada por un Grupo Parlamentario, sino que debe ordenar su publicación y remitirla al Gobierno "para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios" -recuérdese que este era el principal argumento utilizado por el primer gobierno de Mariano Rajoy para no aprobar las propuestas de la oposición-, lo que implicaría que la propuesta del PNV se debatiera en el Pleno y se votara.
Con la decisión de la Mesa del Congreso, por si había alguna duda, el PSOE ha vuelto a hacer de cortafuegos de los ataques de los partidos republicanos sobre la Corona, como tantas otras veces, al negarse a que se formalicen comisiones de investigación sobre las actividades poco ejemplares del rey emérito. Sin embargo, hay quien insiste en ver al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como su principal enemigo, con pretensiones de convertirse en Jefe del Estado.
Como es nula la posibilidad de que se produzca una reforma de la Constitución que revise distintos aspectos que afectan a la Corona, y como tampoco está previsto que se elabore una ley específica sobre la institución, quizá la única forma de que se desencalle el anacrónico asunto de la inviolabilidad del Rey para sus actos privados sería que lo solicitara la propia Casa del Rey en un nuevo ejercicio de "ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus comportamientos", como ha venido haciendo el Rey desde su proclamación ante las Cortes.
Felipe VI ya ha dado pasos en esa dirección, como la renuncia a los fondos que tenía su padre en cuentas en paraísos fiscales, al hacer público su patrimonio personal, y al poner bajo la auditoria del Tribunal de Cuentas la contabilidad de su Casa y la gestión de la partida que le asignan los Presupuestos. Renunciar a la inviolabilidad por sus actos privados y quedar aforado ante el Tribunal Supremo iría en la dirección de la regeneración pública que demandan los ciudadanos y que el Rey reconoce como inspiradora de sus decisiones, y a los principales partidos no les quedaría otra que darle soporte legal.