Los partidos, ante la sostenibilidad del Estado de bienestar

EFE
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Los partidos, ante la sostenibilidad del Estado de bienestar - Foto: J.J. Guillén

PP y Ciudadanos abogan, en un debate económico organizado por Efe, por bajar los impuestos y mejorar la competitividad y PSOE y Unidas Podemos defienden eliminar exenciones y subir tributos a determinados colectivos

Propuestas relacionadas con el SMI, la vivienda, la energía y los impuestos, entre otras, se han abordado en un encuentro en el que han participado Daniel Fuentes, Daniel Lacalle, Toni Roldán y Nacho Álvarez, responsables económicos del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, los cuatro partidos con representación parlamentaria.

 

La factura de la luz

Todos han coincidido en la necesidad de rebajar la factura de la luz, si bien PP y Cs han incidido en la necesidad de aligerarla de impuestos, mientras que las formaciones de izquierda apuestan por cambiar la regulación del mercado. Para el popular Lacalle, que el 60% de lo que se paga en la factura sean impuestos y costes fijos supone "un absoluto desastre para la economía y los ciudadanos" y ha alertado del riesgo que puede suponer el Plan de Energía y Clima para el déficit de tarifa, que durante el Gobierno del PP se había conseguido solucionar. Para el PSOE, representado por Fuentes, la energía es un sector muy particular, con un "mercado monopolístico" en el que el regulador ha estado capturado más de una vez, especialmente durante las etapas populares en el gobierno; una de las soluciones propuestas por la formación socialista sería incorporar y apostar por nuevas tecnologías energéticas que miren hacia el ecologismo, medida apoyada por el responsable económico de Unidas Podemos, quien considera que "es necesario intervenir ya" en el mercado eléctrico. Por su parte, el secretario de Programas de Ciudadanos, Toni Roldán, ha considerado una "herencia del bipartidismo" del PSOE y el PP el alto precio de la luz y ha propuesto que hay que incentivar la competencia en el mercado eléctrico, así como quitar una parte de los impuestos que ahora soporta la factura si bien ha considerado el riesgo que supone eliminar precipitadamente las centrales nucleares.

 

El salario mínimo interprofesional

El PSOE y Unidas Podemos han defendido los efectos positivos que sobre el mercado laboral ha tenido la subida del Salario Mínimo (SMI) a 900 euros, frente a PP y Ciudadanos que han considerado que subirlo un 22 % de golpe y sin negociarlo con los agentes sociales es una medida populista.
Pese a su negativa, el responsable del programa económico del PP, Daniel Lacalle, ha informado que su partido no lo bajará si alcanza el gobierno, asegurando que el PP siempre ha subido el SMI con el acuerdo entre agentes sociales. "Lo que es un engaño es subir a unos pocos el SMI, que solo afecta a un 3 % de los trabajadores, para subir impuestos (cotizaciones) a la inmensa mayoría de los asalariados", ha afirmado Lacalle, quien ha asegurado que para crear empleo fijo y de mayor calidad hay que permitir que los agentes económicos crezcan, porque "no se crea empleo destruyendo el tejido empresarial" ni amenazando a los empresarios con subidas impositivas.

Para el responsable de Economía en el Comité de Estrategia del PSOE, Fuentes, la subida del SMI ha sido crucial para avanzar en la corrección de la brecha de género en el mercado laboral, dado que son las mujeres quienes lo perciben mayoritariamente, al tiempo que ha asegurado que la subida no ha tenido impacto alguno en el empleo.

 

El mercado de la vivienda

Durante el debate, el PP y Cs han acusado al PSOE y a Podemos de querer "estrangular" la oferta del mercado de vivienda con sus propuestas y han criticado cualquier tipo de regulación orientada a controlar los precios del alquiler, ya que entienden que ello los elevaría aún más.
Lacalle, ha afirmado que en todos los países en los que se ha introducido una regulación de los precios de los alquileres han subido las rentas y ha apuntado el PP apuesta por aumentar la oferta con una política responsable de urbanismo centrada en la colaboración publico privada para garantizar que los jóvenes accedan a una vivienda de calidad.
El Gobierno aprobó en marzo un nuevo real decreto de vivienda, que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios de consumo (IPC). Sin embargo, el nuevo texto sí propone un índice de precios de referencia para los alquileres y fija determinados incentivos fiscales. Un "decretazo" que Cs, representado por Roldán, acusa de "restringir la capacidad de los que tiene un piso de ponerlo en alquiler". La formación naranja apuesta por invertir en vivienda social para el alquiler "con responsabilidad" y con el foco puesto en los colectivos más vulnerables.

El responsable del PSOE, Daniel Fuentes, ha respondido que no se puede invertir en vivienda pública y proponer rebajas fiscales y recortar recursos de la Administración. Sin embargo, Podemos va más allá y sí considera necesario el control de precio en los mercados que estén "profundamente tensionados" para "cortar dinámicas especulativas", ha declarado el responsable de la Secretaría de Economía de Podemos y coordinador del programa económico, Nacho Álvarez. "El 80 % de los jóvenes de menos de 30 años viven con sus padres. Mientras, somos el país con más oferta de vivienda por habitante de toda Europa", ha declarado Álvarez, que considera prioritario un parque público de alquiler social de viviendas que ya están construidas y regular el alquiler turístico.