La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha parece gafada. Hoy la ley principal de la región, la que la transformó en una comunidad autónoma, cumple 38 años. Pero casi la mitad de su existencia se ha estado hablando de una reforma que no se ha llevado a cabo. El último intento se ha iniciado -y se ha paralizado- este mismo año. La culpa, como casi de todo lo malo de 2020, la tiene el coronavirus que ha dejado esta reforma en una ‘cuarentena’.
Quizá algo del gafe pueda deberse a que su fecha de cumpleaños no deja de ser un poco sorprendente. Puede extrañar que un 10 de agosto de 1982 el Congreso de los Diputados celebrase un pleno para aprobar el Estatuto castellano-manchego, pero es que había prisas por cerrar el modelo autonómico antes de que se disolviera el Congreso para las elecciones de otoño de ese año.
Desde entonces el Estatuto se ha modificado en varias ocasiones para incluir nuevas competencias como la Sanidad y la Educación. En la primera década del siglo XXI llegaron las reformas amplias de los estatutos de muchas de las autonomías (incluido el polémico Estatut catalán). Se llamaron estatutos de nueva generación y Castilla-La Mancha también lo intentó. Lo envió al Congreso de los Diputados en 2007 y tras una larga paralización, finalmente no salió adelante porque los diputados de PSOE y PPno se ponían de acuerdo con las reivindicaciones sobre el trasvase. Barreda, que era el presidente por entonces, lo acabó retirando.
Con Cospedal se cambió, pero solo un artículo para rebajar el número de diputados a una horquilla de entre 25 y 35, algo que sacó adelante la mayoría del PP con el voto en contra del PSOE. En la pasada legislatura, Podemos dio su apoyo a Page incluyendo en su acuerdo de investidura la reforma del Estatuto. Se mantuvieron algunos contactos, pero no se llegó a avanzar mucho.
A diferencia de la pasada legislatura, parecía que en esta había más sintonía entre los partidos con representación en las Cortes. El 4 de marzo hubo una primera reunión.
Por parte del Gobierno asumió ese encargo el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro. Anunció su intención de que este verano hubiera un texto en las Cortes para aprobarlo antes de fin de año y enviarlo al Congreso. El coronavirus desbarató esos plazos. «La prioridad ha sido hacer frente a la pandemia y, a día de hoy, estamos trabajando en la recuperación en todos los niveles», explica Guijarro a La Tribuna. Con todo, no renuncia al objetivo de que haya un nuevo Estatuto esta legislatura.
La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, recuerda que en esa reunión se emplazaron para otra en 15 días que ya no se pudo celebrar. «Queremos un Estatuto que se adecúe a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, que sea útil, no queremos que sea ninguna bandera de ningún partido político», incide. Pero reconoce que ahora hay otros problemas en la mesa. «Ojalá pudiéramos retomarlo cuanto antes porque supondría que habríamos pasado esta crisis», indica.
El senador Francisco Cañizares fue uno de los representantes del PP que estuvo en esa reunión. Recordó que hubo bastante consenso en que el nuevo Estatuto no se abordase «como una estrategia de un partido frente a otro para ciertos objetivos políticos». Si ahora se retomase este trabajo, reconoce que los ciudadanos podrían pensar que los políticos se están distrayendo de lo importante. Y apunta que en esta crisis sanitaria se ha visto que «más que problemas de normas han sido problemas de gestión previa, durante y de desescalada».
El presidente del PSOE en las Cortes, Fernando Mora, admite que «no dio tiempo a empezar los trabajos». Esgrime que con 38 años a sus espaldas el Estatuto «necesita un aggornamento, como dicen los italianos, su adecuación a las circunstancias actuales» y futuras. Confía en que se pueda abordar en esta legislatura «y que la pandemia no nos obligue a retrasarlo».