El Gobierno de España intentó ayer por unas horas desviar la atención sobre las tensiones internas entre PSOE y Unidas Podemos y situarla sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la necesidad de recuperar el relato de la economía y de las políticas sociales como principal línea argumental de su gestión. Sin embargo, es tan profunda la crisis que sufre la coalición que ni siquiera el incremento del sueldo mínimo hasta los 1.080 euros mensuales (por 14 pagas) fue suficiente para lograr que las severas diferencias en la negociación de la reforma de la ley del 'sí es sí' pasaran a un segundo plano. En el mejor de los casos para la parte socialista del Gobierno, que sufre de manera más notoria el desgaste por la percepción ciudadana de sumisión al ala más radical del Ejecutivo, la subida del SMI compartió protagonismo con la negativa de Unidas Podemos a debatir lo antes posible la reforma que plantea el PSOE. De hecho, el rotundo rechazo de los socios a imprimir velocidad a los cambios, al que se sumaron otras formaciones de la habitual mayoría parlamentaria del presidente Pedro Sánchez, supuso ayer colocar en la víspera del simbólico 8-M el hipotético episodio final de este conflicto.

El ruido de la bronca existente en la coalición por la ley que defiende la ministra Irene Montero sigue siendo más fuerte que los aplausos por cualquier otra iniciativa positiva del Gobierno, un escenario verdaderamente paradójico cuyo coste electoral está todavía pendiente de cuantificar por un PSOE que no logra sacar provecho a los buenos datos de la economía y el empleo. Que el SMI se haya fijado para 2023 en una cantidad que supone casi un 50% más que hace cinco años tiene una importancia vital para cientos de miles de trabajadores. Por ello resulta del todo absurdo que el mismo Gobierno que materializa en cinco años una subida (355 euros) que casi cuadruplica la que el PP de Mariano Rajoy aprobó en siete años (95 euros) se enrede en mantener vivas las polémicas más tiempo del necesario para resolver problemas derivados de un cambio legislativo, como es el caso.

La deriva en la que ha entrado el Gobierno de coalición es preocupante. Al Ejecutivo le acompañan los datos de la economía, una materia que en condiciones normales suele ser más que suficiente para reeditar victorias electorales. De hecho, las últimas revisiones de organismos internacionales de esta semana confirman a España a la cabeza del crecimiento en 2023 y 2024, con niveles de inflación más bajos que la media de la UE. Pero para mantener ese camino es necesario que los gobiernos se centren, y el de la coalición PSOE-Unidas Podemos está en claro riesgo de perder el norte sin vuelta atrás. El problema en cualquier caso no es ya que ellos rompan sino que desatiendan sus obligaciones, como velar por que el buen camino de la economía no se resienta.