España es el país de Europa donde más servicios sexuales se demandan. Según datos de la Policía Nacional, ocho de cada diez mujeres prostituidas dentro de nuestras fronteras son víctimas de trata. De hecho, éste es uno de los negocios ilícitos que más dinero genera para las organizaciones criminales, solo por detrás del tráfico de armas y el de drogas.

Cada vez que se comete este delito, se violan todos los derechos humanos en una misma persona, corrompiendo no sólo su libertad y dignidad sino también su integridad física y emocional. Las víctimas suelen ser personas vulnerables, sobre todo mujeres, niños y hombres en condiciones físicas o económicas delicadas, acostumbrados a la discriminación y que no oponen una gran resistencia. La trata de personas es, básicamente, la esclavitud del siglo XXI.

Cuenca, en proporción a su población, no es ajena a este luctuoso problema y, de esta forma, la Policía ha llevado a cabo en los últimos tres años una serie de operaciones de notable envergadura que han servido para desarticular organizaciones criminales, liberar mujeres que vivían bajo el yugo de la prostitución y detener a 28 personas acusadas de este delito.

La operación Chalé, que finalizó el pasado 1 de julio, ha sido la última investigación culminada con éxito. - Foto: Policía Nacional

La «alta cualificación» y el «grado de compromiso» de los agentes que investigan estos delitos en Cuenca hace que la Policía sea un «referente» en la lucha contra esta especialidad delictiva. Unas investigaciones que materializan las unidades especializadas y que son conocidas por la Subdelegación del Gobierno y coordinadas por el fiscal delegado de Extranjería, especialista del Ministerio Público en esta materia. Pero nada de esto sería posible, recalca el inspector jefe responsable de la Brigada de Extranjería y Fronteras, Javier Mayordomo, sin la colaboración de otras instituciones o diferentes ONG, como Cruz Roja o la delegación provincial de Bienestar Social, que ayudan a esas mujeres que son liberadas de las garras de aquellos que las explotan, aportando los recursos técnicos y humanos necesarios.

La operación Chalé, que arrancó en mayo y finalizó el pasado 1 de julio, ha sido la última investigación culminada con éxito. En esta operación la Policía detuvo a una mujer que captaba a chicas para prostituirse en una vivienda de Cuenca. El modus operandi paracaptar a esas personas –también se identificó a tres transexuales– era la inclusión de anuncios en páginas de contactos sexuales ofreciendo trabajo las 24 horas del día y mucha discreción. También se detuvo a un varón que facilitaba clientes y hacía el traslado de las mujeres cuando eran requeridas para mantener relaciones sexuales fuera de la vivienda donde se prostituían diariamente. Tal y como destaca Mayordomo, lo novedoso de esta investigación es que se solicitó la entrada a la vivienda ubicada en el Camino del Terminillo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo –no al juzgado de Instrucción como es lo habitual–, porque fruto de la investigación se descubrió que casi todas las personas que allí se prostituían estaban en situación irregular en territorio nacional. El operativo policial culminó con la clausura de la vivienda decretada por la autoridad judicial.

MÁS DETENIDOS. Una de las operaciones que más detenidos generó fue la operación Alfil, que culminó entre mayo y junio de 2019. Se detuvo a 15 personas de una organización criminal compuesta por ciudadanos brasileños y españoles que contaban con una amplia red de colaboradores, especialistas en tramitar cartas de invitación fraudulentas. La organización, que operaba en un club de alterne ubicado en Graja de Iniesta, habría obtenido unos 200.000 euros de beneficios. En el transcurso de este dispositivo se realizaron cuatro entradas y registros en los locales y domicilios de los miembros de la organización, que estaba dirigida por una brasileña, propietaria del club de alterne que fue clausurado, y que se encargaba de captar y trasladas a las chicas desde su país de origen. Fruto de este operativo se procedió a la liberación de dos mujeres de nacionalidad paraguaya.

Javier Mayordomo, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras - Foto: Reyes Martínez

También en 2019 se detuvo a un varón que regentaba dos pisos ubicados en sendas céntricas calles de Cuenca donde se ejercía la prostitución. Captaba a sus víctimas mediante la incursión en páginas de contactos sexuales de anuncios ofreciendo trabajo. Una vez en la ciudad les imponía las condiciones de trabajo quedándose con parte del importe que las mujeres obtenían por la realización de los servicios sexuales. Ya en 2020, año de la pandemia, la Policía detuvo a una mujer que regentaba un piso donde se ejercía la prostitución, ubicado en el barrio de Los Moralejos, y de un varón colaborador en su actividad delictiva. Se realizó una entrada y registro en el piso donde se ejercía la actividad ilícita y se liberó a una mujer brasileña que era obligada a prostituirse. La detenida fijaba las condiciones en las que se prostituían, teniendo que estar disponibles las 24 horas del día, y es que sólo se podían ausentar de la vivienda una hora al día.

En abril del año pasado se detuvo a un varón que regentaba un local de alterne situado en la Nacional 301. Cabe destacar que en esta carretera se encuentran los principales locales de alterne de la provincia. La investigación es el resultado de los contactos que mantiene el interlocutor social territorial de trata de seres humanos. Así se tuvo conocimiento de la existencia de una mujer que pudo haber sido trasladada desde su país de origen a este prostíbulo, donde habría sido explotada sexualmente. La Policía desarrolló un operativo en el burdel tendente a la localización del varón como presunto autor de los hechos denunciados por la víctima. Al detenido le constaban varias detenciones por hechos similares. En el local se identificó a 17 mujeres que se encontraban ejerciendo la prostitución en el mismo, seis de ellas en situación irregular en territorio nacional.

Una de las intervenciones policiales más importantes de los últimos años fue la operación Botticelli, culminada en mayo de 2021. La Policía desarticuló una organización criminal que operaba desde un local de alterne ubicado en Graja de Iniesta. El entramado poseía una fuerte infraestructura y estaba conformado por personas provenientes de Paraguay, Rumanía y España, que mantenían un perfecto reparto de tareas. Las víctimas, básicamente de nacionalidad paraguaya, eran controladas y explotadas por los proxenetas, valiéndose de su especial vulnerabilidad, ya que se trataba de mujeres en situación irregular. La organización captaba a sus víctimas en Paraguay, las trasladaba en coche hasta Brasil y allí cogían un vuelo con escala en Francia o Reino Unido, hasta las provincias de Valencia o Madrid. Una vez en España, eran trasladas en automóvil hasta Cuenca. 

La investigación culminó con seis víctimas liberadas de explotación sexual y la detención de siete personas en diferentes municipios de la provincia de Cuenca. A los detenidos se les imputaron los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Se calcula que habrían podido obtener unos 150.000 euros de beneficios.

«Casi todas son sudamericanas y vulnerables»

La Policía Nacional ha realizado un buen número de servicios y operaciones con el fin de frenar la trata. De la mano del jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras, Javier Mayordomo, analizamos las principales conclusiones que se extraen de las investigaciones. En primer lugar, la actividad delictiva se lleva a cabo tanto en locales de alterne como en pisos regentados por proxenetas. Aunque éstos puedan pensar que la labor inspectora de la Policía solo se puede llevar a cabo en los locales de alterne, están equivocados, pues «nuestro sistema jurídico tiene mecanismos que permiten poder llevar a cabo también estas inspecciones y controles en domicilios particulares». En segundo lugar, tanto hombres como mujeres gestionan los prostíbulos, y en ocasiones son pareja sentimental. En el caso de las mujeres, en muchas ocasiones previamente han ejercido la prostitución.

En tercer lugar, en Cuenca se observa que «prácticamente la totalidad de las mujeres» que se prostituyen son de origen sudamericano, especialmente Paraguay, Brasil y República Dominicana. En menor porcentaje, casi de forma simbólica, identificamos a mujeres europeas y de otros continentes. Se trata de mujeres vulnerables puesto que se encuentran en situación irregular en España, circunstancia que aprovechan los proxenetas para amedrentar y coaccionar. De igual manera, el perfil de los varones que consumen sexo es muy variado, ya que se han identificado de todos los rangos etarios, incluso algunos de avanzada edad.

Hay que destacar también que la provincia cuenta con dos enclaves donde se concentran el mayor número de burdeles. «El primero de ellos se ubica en un punto kilométrico de la Nacional III y el segundo a lo largo de unos pocos kilómetros de la Nacional 301», comenta el inspector jefe. La actividad de investigación de la Policía Nacional, «como no puede ser de otra manera», se centra en estos dos puntos de interés.

La prostitución en tiempos del Covid

El Gobierno regional fue pionero en tomar medidas para prohibir el ejercicio de la prostitución en locales de alterne. Así, el Decreto 49/2020, de 21 de agosto, modificó el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por el Covid. Durante los meses duros de la crisis sanitaria, la Policía Nacional realizó una importante labor inspectora para velar por el cumplimiento de esta norma de la Comunidad Autónoma. Se incoaron varios procedimientos sancionadores a los responsables de los locales de alterne que hicieron caso omiso a lo contemplado en esta norma. De hecho, en una de estas actuaciones inspectoras, la Policía obtuvo una importante información que facilitó la investigación que culminó con la operación Botticelli en Graja de Iniesta.

Hay que destacar que Policía Nacional cuenta con el correo electrónico trata@policia.es y la línea telefónica 900 10 50 90 para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura.