Subir los impuestos, proporcionadamente, a los que más tienen –y por tanto que más pueden–, y bajarlo a los que menos tienen y peor lo están pasando, no debería haberse convertido en un auténtico mercadeo fiscal en España. Algo tan sencillo como eso, y que por lógica debería poder ser aceptado por la gran mayoría de los ciudadanos ya que se trata de una propuesta de lo más razonable, se ha convertido en una batalla –ideológica– campal. Claro que es una batalla en la que poco ha ayudado a mitigar la propuesta de las comunidades autónomas del PSOE, como Valencia, Aragón o Extremadura, y probablemente la próxima semana Castilla-La Mancha, adelantándose al paquete de medidas planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Se ha desviado tanto el debate, y ha tardado tanto el gobierno central en reaccionar, que se ha convertido en un mercado persa para ver quién baja más impuestos sin importar el objetivo, cuando la discusión debería estar en a quién se sube, y para qué, y a quién se baja, y cuánto, para no tener que cruzar esa línea roja de tener que mirar luego dónde recortar.
Advertí hace unos días que esta «espiral» de anuncios tributarios podría llevar a una irresponsabilidad fiscal, más allá del pretendido dumping que intentó hacer Juanma Moreno Bonilla la semana pasada con su propuesta de supresión del impuesto a los grandes patrimonios «para que no se vayan», impidiendo así recaudar cerca de 100 millones en ingresos para aquella comunidad, con los que bien se podrían levantar un par de consultorios médicos.
Una irresponsabilidad agitada, no lo olvidemos, por un contexto que pasa por un lado por la incertidumbre y volatilidad de la economía, con los precios de la energía disparados, escasez de materias primas, y una inflación desbocada a pesar de que se haya moderado su escalada; y por otro lado por unas elecciones municipales y autonómicas en un horizonte más bien cercano, que lleva a muchos dirigentes políticos a tomar decisiones pensando en el rédito político más que en el ciudadano.
Es cierto que las comunidades tienen esa «autonomía», que para eso lo son, para poder aprovechar las limitadas competencias en materia fiscal en beneficio de su territorio, pero se echaba de menos cierta armonía desde el gobierno central para evitar que se produzca esta competencia en materia tributaria. La propuesta de Montero, con rebajas en el IRPF para las rentas inferiores a los 20.000 euros, y alzas en las superiores a los 200.000, va en esa linea de pedir un mayor esfuerzo a los que más tienen para aliviar algo a los que menos. Una propuesta con sosiego y «bisturí», como la que se espera que exponga el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la próxima semana durante el Debate sobre el Estado de la Región. Y es que, si continúa esta «espiral» o mercadeo fiscal, el riesgo lo corre la sostenibilidad de los servicios públicos básicos.