Agencias / Madrid

El Gobierno se aferra a su plan anticrisis. Un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania que incluye la bonificación de 20 céntimos por cada litro de gasolina o gasóleo, la extensión del bono social a dos millones de hogares y la rebaja de un 60 por ciento en el impuesto de la factura de la luz. Por eso, con la intención de prorrogar su vigencia por otros tres meses más (expiraba el próximo día 30), este se remitirá al Congreso, donde el PSOE confía en que salga adelante con «los mismos apoyos o parecidos» que el primer real decreto, que contó con el voto a favor de socios parlamentarios como Bildu pero con el rechazo, entre otros grupos, de ERC.

Esta idea no parece muy realista, por ahora, a la luz de las críticas constantes que este plan está recibiendo por parte de los socios del PSOE y también de sus aliados en el bloque de investidura. Así, en concreto, Podemos advirtió ayer a los socialistas de que la mera prórroga de las medidas es «insuficiente» y reclamó que se mejore con las ideas planteadas por el Ministerio de Derechos Sociales, como aplicar un abono mensual de 10 euros para el transporte público o subir las pensiones no contributivas un 15 por ciento de forma inmediata.

La líder de la formación morada y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, publicó un vídeo en sus redes en el que demanda «valentía» para aplicar sus propuestas, que trasladó a los ministerios competentes y al de Presidencia.

De esta forma, exhorta al menos a prorrogar las ayudas del plan de respuesta económica a la guerra de Ucrania con la extensión de las medidas hasta finales de año y mejorarlo, con la inclusión de esa reducción al transporte, la extensión del bono social eléctrico y el incremento de las pensiones más bajas, pues a su juicio son «imprescindibles».

«Estamos en un momento en que este Ejecutivo no se puede permitir medias tintas. Tenemos que ser valientes y poner todo de nuestra parte para que las familias no paguen las consecuencias de esta crisis (....) Toca gobernar, gobernar y gobernar», apuntó para demandar a su vez una reforma fiscal «ambiciosa» para los que más tienen paguen lo que les corresponde.

En esta línea, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió al plan para señalar que es «partidaria» de «dar un paso más», implantando un impuesto extraordinario para las eléctricas, y tener en cuenta nuevos factores en un nuevo marco normativo. Así, instó a bonificar el transporte público como uno de los aspectos fundamentales, así como tener en cuenta la renta en los descuentos de carburantes. 

«No es correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta», manifestó, y puso como ejemplo que «no tiene sentido» que ella misma tenga bonificado el combustible y que las personas que acuden a trabajar en transporte público no cuenten con ayudas para este fin, por lo que se mostró a favor de revisar a qué colectivos se dirigen estas medidas del Gobierno.

Consejo de Ministros

El PSOE recogió el guante lanzado por sus socios de coalición y mantuvo que analizarán en el Consejo de Ministros junto a Unidas Podemos la propuesta sobre transporte y pensiones de Belarra, para la prórroga del plan anticrisis.

«Podemos está en su derecho de hacer propuestas, faltaría más, y todas serán atendidas», afirmó la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.

Además, Rodríguez informó de que tras haber compartido contactos con el PP de cara a la prórroga del decreto anticrisis, no han llegado a acuerdos con los populares, a quienes pidió «coherencia». 

«La verdad es que se compartieron contactos, pero al final no hemos conseguido alcanzar ningún gran acuerdo», apuntó la ministra y mantuvo que tienen «siempre» la mano tendida y que van a intentar llegar a un consenso con el PP.