El Defensor del Pueblo considera que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 inmigrantes.

En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo avanza las primeras conclusiones de su investigación y destaca que ese día se registró "una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos".

Según explica, en el visionado de las imágenes se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.

El Defensor recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.

Destaca que ha analizado la documentación recibida de los Ministerios del Interior y del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero no da por concluida la investigación, y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad más imágenes de aquella jornada en el perímetro fronterizo "que podrían ayudar a aclarar algunos extremos".

Gabilondo se dirige a Exteriores y  la Fiscalía 

Entre los pasos dados, señala que se ha dirigido a Exteriores para que refuercen con medios materiales y humanos embajadas y consulados para que posibles solicitantes de asilo puedan acceder a ellos "sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país".

Ha trasladado además a la Fiscalía General del Estado el testimonio y el parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.

Y ha solicitado información sobre los procedimientos usados para determinar la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima, en la ciudad autónoma.

Siguen asimismo las gestiones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para conocer el protocolo que se siguió con los partes de lesiones de los heridos aquel día; y con la Dirección General de Política Interior para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de los inmigrantes que consiguieron llegar al CETI y las incidencias en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar.

Recordatorios legales para evitar que se repita la tragedia  

El Defensor ha trasladado las conclusiones de su investigación a las instituciones afectadas y ha formulado una serie de "recomendaciones y recordatorios legales" a la Secretaría de Estado de Seguridad "para que se evite la repetición de episodios similares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla".

Entre ellos destaca la necesidad de garantizar en frontera "el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes" y de impedir cualquier práctica "abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Deben dictarse las órdenes oportunas para que los agentes estén "siempre identificados", añade el Defensor, que pide también que se revisen los protocolos de actuación que se activan con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos cuando se registran intentos de entradas irregulares con el fin de gestionar las fronteras "de manera integrada, segura y coordinada".

Plantea además una reforma urgente de la ley de extranjería para consignar los criterios que, según el Tribunal Constitucional, deben tenerse en cuenta cuando se produce un rechazo en frontera y, recomienda, por ejemplo, dejar constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional.

El Defensor ve necesario también potenciar la información internacional para prever situaciones de "presión fronteriza extrema" y poder incrementar los operativos de atención humanitaria en la zona.

La institución recuerda que la Fiscalía está investigando los hechos, por lo que las conductas presuntamente delictivas, destaca, ya estarían siendo analizadas por la institución competente.

Gabilondo, que viajó personalmente a Melilla junto a un equipo técnico, explica que se interesó por lo ocurrido el mismo día de la tragedia y que las actuaciones se iniciaron formalmente el 27 de junio, tras una queja presentada por nueve asociaciones. El 20 de septiembre recibió la documentación remitida por Interior, que incluye imágenes y videos.

Precisamente en la madrugada de ayer el Tribunal de Apelación de la localidad marroquí de Nador condenó a entre 2 y 3 años de prisión a 15 emigrantes sudaneses detenidos en el contexto del salto masivo a la valla de Melilla del 24 de junio.