La primera vez que escuché el término 'narcodemocracia' fue en un artículo de Juan Manuel de Prada. El escritor llegaba a una conclusión contundente: «Los países donde más drogas se consumen suelen ser democracias». España es una democracia plena, aunque lo ponga en duda un partido que es miembro del Gobierno y también los socios habituales del propio Ejecutivo. Si volvemos al imaginativo vocablo y si repasamos los datos de aprehensiones realizadas y de detenidos, estamos ante un problema que en nuestro país va a más; un reto para la Policía y la Guardia Civil ante un tipo de delincuencia que está en evolución constante y un problema de salud mental creciente que estallará en un corto espacio de tiempo.
Como no hay ningún tipo de cifra oficial es más difícil asegurar que España es una 'putidemocracia' o un 'macroburdel'. La prostitución arrastra una situación de alegalidad que contempla castigos para situaciones determinadas. Pero su ejercicio libre, cuando una persona decide ejercerlo y obtener un beneficio económico por ello, no está penado. Otra cuestión diferente es la prostitución de menores o aquella que resulta de una acción forzada o coaccionada. Si se demuestra explotación, el Código Penal incluye una detallada tipificación. Es esa situación de alegalidad la que mantiene en auge una actividad que genera miles de millones de euros al año -con una parte importante de dinero negro- y que lleva a una conclusión pueril: si hay profesionales del sexo y si proliferan por todos los rincones las casas de putas es porque la demanda es elevada.
El caso de Tito Berni y la trama corrupta que lleva al extremo una zafia versión del sexo, drogas y rock and roll no es más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos. El consumo de coca o de marihuana no solo es cosa de ninis sin oficio ni beneficio; no se limita solo a las clases más bajas de la sociedad, a esos mendigos que se arrastran en el Cercanías a su paso por El Pozo del Tío Raimundo mientras te piden dinero para meterse el penúltimo chute. Ocurre algo parecido en la prostitución, a la que no acuden exclusivamente solterones con dinero que buscan aliviar su amargura con una meretriz que les elogia hasta que le sueltan la guita.
Con esta premisa, escandalizarse ante las correrías puteriles del ex diputado socialista canario Fuentes Curbelo no deja de ser un ejercicio de cinismo. Al Congreso no llegan ni los mejores ni tampoco los más dignos. De un tiempo a esta parte, todo ha ido a peor, y la categoría de una buena parte del hemiciclo no alcanza el mínimo necesario. El gran problema de este escándalo es que afecta de lleno a un partido que casi a diario se dedica a repartir carnés de moralidad; salpica a unas siglas que suelen presumir de honradez y de acusar al contrario de ser un partido corrupto. Que Tito Berni -y ya veremos cuántos colegas del PSOE más- se ponga hasta arriba de farlopa no es lo grave. Que se vaya de putas, tampoco. Sí lo es que lo pague con tu dinero y con el mío. Y es lo que tiene que aclarar la Justicia: los delitos que se han cometido. Hasta dónde ha llegado esta red corrupta y qué implicación tenía el Gobierno canario. Si lo sabían antes de que se destapara y, por eso, ejecutaron una silenciosa voladura en forma de destituciones. Por detrás del judicial, está el frente político, que le ha estallado al PSOE a menos de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas. Olvidamos pronto la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación. Los indultos a los golpistas nos quedan en la prehistoria. Los ERE de Andalucía sin castigo completo pueden pasar. Pero lo de Tito Berni y las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí' no lo borra ni la anestesia general que arrastramos desde la pandemia.