El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de vacunar a los niños de 5 a 11 años contra la covid-19 en los centros educativos, con el objetivo de facilitar la administración de las vacunas y evitar desplazamientos.

El presidente castellano-manchego, que este martes ha sido entrevistado en el Telecinco, ha señalado que el Gobierno regional está a la espera de que haya "una fabricación en masa de la dosis adecuada" para los niños y ha explicado que el Ejecutivo autonómico podrá organizar el mecanismo de reparto de los viales en función de lo recibido, algo que ha confiado en que ocurra en las próximas semanas.

Asimismo, García-Page ha resaltado que en Castilla-La Mancha no se ha contemplado, hasta el momento, la obligatoriedad de presentar el pasaporte covid para acceder a determinados lugares, como sí se exige en otras comunidades autónomas, pues ha apuntado que en la región, la incidencia acumulada a 14 días está por debajo de la media nacional, en concreto en 115,98 casos por 100.000 habitantes, frente a los 199,02 casos del conjunto de España.

De hecho, ha indicado que, en la actualidad, la incidencia en Castilla-La Mancha está por debajo de cuando se suprimió el estado de alarma y la ocupación de camas en los hospitales por casos covid son el 2 por ciento del total.

Con todo, ha apostado por la prudencia y ha añadido que no descarta ninguna medida, si bien se ha mostrado partidario de que, si se adoptan medidas más restrictivas, se haga en todo el país, sobre todo teniendo en cuenta que se acercan las fiestas navideñas, cuando se produce un aumento de la movilidad.

En cuanto a la posibilidad de que prospere o no la enmienda parcial de Junts per Catalunya a los presupuestos generales del Estado para 2022 para la creación de un fondo covid para las autonomías, García-Page ha alertado de que esa enmienda propone que se cree el fondo covid detrayendo el dinero de otras partidas destinadas a las comunidades autónomas.

Sin embargo, ha opinado que "sería incomprensible" que el Estado "siga legislando" e incluyendo la ampliación de servicios públicos si no compensa el gasto a las autonomías.