La residencia María Molina está ya a disposición de aquellos estudiantes del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios que así lo soliciten. Este espacio residencial «ha quedado espectacular y ya está amueblada después de un trabajo que ha costado», aseguró ayer la delegada de la Junta, María Ángeles Martínez. Pero este centro no sólo servirá como hospedaje para los futuros funcionarios de presiones sino que también se utilizará para realizar acciones formativas. Así se lo trasladó Martínez al secretario general de Instituciones Penitenciaria, Ángel Luis Ortiz, durante la recepción de los 458 alumnos que conforman la segunda remesa de la primera promoción del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios. «La residencia tiene una ubicación céntrica y en este espacio se pueden realizar formaciones para subdirectores y otras categorías profesionales que van a venir a la capital», subrayó la delegada de la Junta. 

Martínez avanzó además que en estos momentos se está llevando a cabo los trámites de cesiones para la utilización del colegio San Julián y «es cuestión de días la firma», reconoció. El primero de los trámites es «darle de baja» al edificio como uso educativo por parte de la Junta, que tenía hasta la fecha su gestión tras la cesión a cargo de la Fundación CMM. Así Hacienda puede redactar el convenio para que Instituciones Penitenciarias pueda utilizarlo. Este trámite de uso del edificio lo llevará a cabo Instituciones Penitenciarias con la Fundación CMM que son los propietarios del mismo. 

El campus universitario acogió ayer la recepción de los 458 estudiantes que pasarán las próximas cinco semanas en la capital para completar su formación teórica. En concreto estarán hasta el 23 de mayo cuando hayan cumplido con la segunda parte de su preparación, ya que estos vienen de realizar las prácticas en distintos centros penitenciarios. Al revés que la primera remesa de esta primera promoción que tras acabar su formación teórica recientemente en Cuenca pasarán ahora a realizar prácticas en cárceles del país. El alcalde, Darío Dolz, catalogó la llegada de estos futuros funcionarios de prisiones como «otro revulsivo económico para la ciudad porque son gente que come, consume y duerme aquí en Cuenca».