El Centro Nacional de Estudios Penitenciarios ha logrado alcanzar la primera gran meta que tenía marcada en el horizonte desde que el Gobierno apostó por la descentralización del Estado y Cuenca pasó a ser la sede de esta institución. Después de cinco semanas de estancia y formación en territorio conquense, los 458 alumnos del segundo turno de la 48ª promoción de nuevos funcionarios del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias recibieron su diploma bajo la atenta mirada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El máximo responsable en esta materia del Ejecutivo capitaneado por Pedro Sánchez anunció en su visita a la ciudad de las Casas Colgadas que el número de estudiantes del CNEP rondará todos los años entre 900 y 950, y es que desde el Gobierno van a «intentar» que la tasa de reposición de Instituciones Penitenciarias «sea de las más importantes dentro de la administración pública». «Nuestro compromiso es más que importante y es la exigencia de los que creemos en lo público», remató al respecto.

El titular de la cartera de Interior realizó estas declaraciones a los medios asegurando además que esa forma de maniobrar «pone en valor» ofertas de empleo público «serias», y es que en cuatro años han llevado a buen puerto más de 4.400 puestos de funcionarios en la administración penitenciaria. Pero es más, aseguró que el Consejo de Ministros espera dar mañana una «buena noticia» en este capítulo y «eso es fruto de lo importante que es mantener una ratio adecuada de funcionario por interno».

Un «compromiso de lo público con el conjunto de la sociedad» que en Cuenca se materializa con el CNEP, para el que «ya está todo en marcha y realmente encaminado» en los dos apartados que quedan pendientes. Por un lado, la residencia María de Molina, cuyas obras están a punto de terminar. Y por otro, el colegio San Julián, pues ya «se está cerrando» un protocolo de cesión para su uso con la fundación titular del mismo.

Asimismo, recordó que ahora se está tramitando en las Cortes Generales una Proposición de Ley aprobada por el PSOE que elevará a agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Una ley que, según dijo, «va a estar aprobada esta legislatura sin dudas». Aun así, confió en que esta norma vea el visto bueno y sea publicada en el BOE antes de que acabe este 2022. «Haremos todo para que así sea», argumentó el ministro, quien además destacó que cuando se apruebe el texto legislativo los funcionarios de prisiones «podrán ser reparados e indemnizados en cualquier perjuicio que sufran en el desarrollo de sus funciones».

Durante su intervención en la clausura del curso, Grande-Marlaska subrayó que el índice de reincidencia de la población reclusa es de solo el 20 por ciento, razón por la que «nuestro sistema penitenciario, que es referente internacional, es la prueba de que podemos sentirnos orgullosos de nuestro modelo democrático».

Con la presencia entre otros del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el alcalde, Darío Dolz, el ministro aseguró que el hecho de que ocho de cada diez personas que abandonan los centros penitenciarios no vuelvan a cometer delito alguno refleja el alto nivel de la administración penitenciaria en comparación con los países de su entorno.

Fin de curso. Con la entrega de diplomas al segundo grupo de 458 miembros de la 48ª promoción del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias concluye su curso selectivo que, por primera vez desde la creación del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, se ha impartido en Cuenca. El total de 916 alumnos han adquirido las competencias técnicas necesaria para una integración profesional progresiva. Durante el proceso han estado divididos en dos grupos que han recibido formación en las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y en 45 centros penitenciarios. La nueva promoción de ayudantes forma parte de la decimosegunda convocatoria con acceso unificado, sin escalas masculina y femenina, y es la primera en la que el número de mujeres supera al de hombres, con un 57 por ciento del total de los integrantes.

En el acto también tomaron la palabra la catedrática de Derecho Penal de la Universidad regional, Rosario de Vicente, para ofrecer una conferencia sobre los centros penitenciarios durante la Transición; así como Celia Sánchez Ramos, natural de Lebrija (Sevilla), la funcionaria que ha conseguido ser la número uno de la promoción.