No corren buenos tiempos para Donald Trump, cuya popularidad ha bajado considerablemente por su más que cuestionada gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y podría perder las elecciones previstas para el próximo noviembre en Estados Unidos, ya que todos los sondeos apuntan a una derrota casi segura contra el candidato demócrata, Joe Biden.

Pendiente de retrasar la cita con las urnas, al presidente se le ha abierto un nuevo frente, después de que ayer se conociera que la investigación que la Fiscalía del distrito de Manhattan (Nueva York) tiene abierta contra él va más allá de lo que se pensaba y podría incluir alegaciones de fraude bancario y de seguros.

Esa nueva información figura en un documento presentado por el fiscal Cyrus Vance ante un tribunal neoyorquino, en el que pide al juez que desestime las maniobras legales de Trump para tratar de mantener bloqueado el acceso a sus declaraciones de impuestos.

Las dos partes llevan enzarzadas en los tribunales casi un año, a raíz de un caso en el que las autoridades investigan si los pagos de dinero en secreto de la campaña del ahora presidente en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels violaron la legislación del estado de Nueva York.

Presuntamente, con ese dinero se buscó pagar el silencio de la actriz sobre una supuesta relación sexual que mantuvo hace años con el magnate, algo que él siempre ha negado.

Sin embargo, en su escrito, la Fiscalía apunta a que su investigación es más amplia, al citar entre otras cosas «presuntos fraudes de seguros y bancarios» por parte de la empresa de Trump, a la que acusa de «una extensa y protegida conducta criminal».

Transacciones inadecuadas.

El texto no señala específicamente qué se está investigando más allá de los pagos a Daniels, pero apunta con claridad que los argumentos del mandatario para no mostrar sus declaraciones de impuestos «se basan en la premisa falsa de que la investigación se limita» a esa cuestión.

La Fiscalía asegura que necesita acceso a documentos financieros que se extienden durante una década para ver si contienen pruebas de «transacciones potencialmente inadecuadas» por parte de varios individuos.

El pasado 9 de julio, el Tribunal Supremo de EEUU se mostró a favor de que el presidente tenga que entregar sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía de la ciudad de los rascacielos, rechazando la idea de que disfrute de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo. Trump, sin embargo, acudió a los tribunales para seguir bloqueando el acceso a sus documentos y defendió que la acción de Vance, demócrata, está «motivada en el acoso» y representa una «represalia».

En su respuesta ante el juez, el fiscal defiende que la demanda presentada por los abogados del mandatario para frenar su acceso a las declaraciones de impuestos se limita a repetir argumentos que ya han sido rechazados por el Supremo.