El culebrón del Palacio del Infantado de Guadalajara ha llegado a su fin tras 60 años de tira y afloja, pleitos, litigios y desencuentros de todo tipo. La duquesa del Infantado, Almudena de Arteaga y del Alcázar, firmó ayer un acuerdo con el ministro de Cultura mediante el que la aristócrata renuncia a sus derechos de uso sobre el palacio y el Estado, a cambio, le paga 853.000 euros. De esta manera el Ministerio podrá hacer uso desde ahora mismo de la totalidad del inmueble que alberga el Museo de Guadalajara para uso y disfrute de los vecinos.

La historia de este desencuentro con final feliz se remonta seis décadas atrás. Los duques del Infantado, propietarios del edificio más emblemático de Guadalajara, declarado Bien de Interés Cultural, cedieron el inmueble «gratuitamente» al Estado para su restauración y uso cultural. Únicamente se reservaron un «derecho de uso» de una vivienda dentro del palacio, sin especificar qué estancias o que espacio concreto se destinaba a tal fin. Esa gratuidad se ha convertido, con el paso del tiempo en 853.000 euros, la cantidad que ha pagado el Ministerio a la familia para comprarle ese derecho.

Entre medias ha habido una larga disputa, con episodios judiciales incluidos, que abocaron a una especie de callejón sin salida. Y es que, con el paso del tiempo, una parte de la sociedad de Guadalajara comenzó a ver cada vez con peores ojos que la duquesa pudiera hacerse un ‘pisito’ en el inmueble más representativo de la ciudad.

Así tras una serie de desencuentros, en 2009 una sentencia del Juzgado de primera instancia número 5 de Guadalajara dio la razón a la familia. Tenían derecho a la vivienda, tal y como se había estipulado décadas atrás, en 1960, en el documento de cesión al Estado. Siete años después, en 2016, la familia y el Ministerio, apremiado por el juez, llegaron a un acuerdo. La vivienda se habilitaría en el torreón trasero del palacio, con acceso directo y privativo al jardín. Se calculó entonces en 400.000 euros el coste de la rehabilitación de ese espacio para vivienda básica (divisiones verticales, paredes, puertas, ventanas, instalación eléctrica, fontanería y sanitarios).

Cuando parecía que el problema llegaba a su fin, el ayuntamiento, presionado por los vecinos, por la mala prensa que arrastraba el asunto, decidió no expedir la licencia de obra, por lo que el problema se enquistó. «Nos encontramos con una situación de alarma social en Guadalajara», explicó ayer el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Román Fernández-Baca, quien se atribuyó buena parte del mérito de la resolución de este conflicto.

El caso es que en los últimos meses el Ministerio de Cultura buscó una solución “dialogada” con la familia. La duquesa, que no compareció ante la prensa tras la firma del acuerdo, pedía una cantidad sensiblemente superior, pero había poco margen de negociación. Los 853 .000 euros es la tasación realizada «de acuerdo con los parámetros técnicos y oficiales de tasación» y que fue aprobada por el Ministerio de Hacienda. Finalmente, ayer se cerró este capítulo con ese acuerdo que además del dinero contempla el compromiso de la administración de reservar un espacio del Museo de Guadalajara para explicar y documentar la relación de la Casa del Infantado con el Palacio y la ciudad de Guadalajara.

El consejero de Cultura, Ángel Felpeto, asistió como invitado a la firma, celebró el acuerdo y agradeció el «esfuerzo de generosidad» realizado por todas las partes, incluida la duquesa y su familia, para resolver el «conflicto» que duraba ya seis décadas.

Según recordó, si bien el propietario del Museo de Guadalajara que alberga el palacio es el Estado, la Junta de Castilla-La Mancha está encargada de la gestión del mismo. De esta manera, dijo, y de acuerdo al Plan Director aprobado por el Ministerio, el Museo será a partir de ahora un «gran espacio de actividad cultura» de la ciudad.

“Seremos consecuentes con el compromiso que adquirimos con el Ministerio para ser los mejores gestores” del Museo de Guadalajara, dijo al respecto. «Es un día de enorme alegría», concluyó, porque este problema «se ha resuelto de manera discreta pero eficaz».

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, el socialista Alberto Rojo, que asistió también a la firma, calificó el acuerdo como un «día histórico para los vecinos y vecinas» de su ciudad porque «acaban 60 años de litigios». A su juicio, al final «ha primado el sentido común» y ha sido posible llegar a un acuerdo «rápido» porque ha habido «voluntad» y «sensibilidad» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, cosa que a su juicio faltó con el «anterior gobierno».