La nueva Ley autonómica de Evaluación Ambiental ya está lista para su previsible aprobación en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. La Comisión de Desarrollo Sostenible del Parlamento regional aprobaba este miércoles el dictamen de la norma tras rechazar el PSOE las dos únicas enmiendas presentadas por el PP, relativas a trasvases de agua. Ciudadanos se abstuvo en esta cuestión.

En concreto, los ‘populares’ plantearon dos enmiendas de supresión que afectaban a una de las actividades sometidas a evaluación ambiental ordinaria, los proyectos hidráulicos. En concreto, planteaban eliminar este control autonómico sobre toda operación que tenga por objeto evitar la posible escasez de agua que suponga un volumen de agua movilizada superior a 10 hectómetros cúbicos al año, por un lado, y que se basen en extracciones de agua que superen los 2.000 hectómetros cúbicos al año donde el volumen de agua trasvasada supere el 1 por 100 de dicho flujo (20 hectómetros cúbicos al año), por otro. El diputado autonómico del PP Juan Antonio Moreno justificó sus enmiendas en que estas competencias recogidas para sí por el Gobierno regional en la nueva Ley podían invadir las competencias del Estado, recogidas en la Ley de Aguas nacional. Incluso, advirtió que podía originar un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra esta futura ley autonómica.

El diputado regional socialista Francisco Pérez Torrecilla negó que algo así pudiera ocurrir, al reconocerse en la norma la preeminencia de la Ley de Aguas del Estado. También recordó que la Junta ejerce este control sobre actividades hidráulicas con la Ley de Evaluación Ambiental ahora vigente.

Pérez Torrecilla no rehuyó la acusación de una posible inconstitucionalidad de los artículos enmendados por el PP. Así, manifestó que la Carta Magna reconoce al Estado la capacidad de dictar la legislación básica en materia de agua, pero no impide a las autonomías dictar legislación suplementaria en este asunto.

Por su parte, el diputado regional de Ciudadanos Alejandro Ruiz explicó los motivos de la neutralidad de su grupo en esta controversia. Comentó que los ‘populares’ habían planteado una cuestión sumamente técnica en sus enmiendas, que era conveniente dejar en manos precisamente de los técnicos de la Administración Pública. En todo caso, reconoció la «capacidad competencial» de la Junta para regular este tipo de operaciones hidráulicas dentro de los controles de impacto ambiental, aunque justificó su abstención en que no iba a entrar en valoraciones sobre las cifras de trasvases recogidas en los textos impugnados por el PP.

Sólo Torrecilla logra unanimidad.

Tras el rechazo de las enmiendas ‘populares’, la Comisión efectuó las votaciones finales sobre el dictamen de la futura ley. Los artículos de la norma, tanto los impugnados como el resto, recibieron el voto favorable del PSOE, el contrario del PP y la abstención de Ciudadanos. También la exposición de motivos de la ley salió adelante con los votos a favor del PSOE y las abstenciones de los ‘populares’ y el partido naranja.

Sólo se dio la unanimidad con la elección del ponente que defenderá la ley el día que se someta al visto bueno del Pleno. PP y Cs tuvieron la cortesía de apoyar la elección para esta responsabilidad del diputado del PSOE Pérez Torrecilla.

Aún así, el PP insistirá en sus críticas a la nueva Ley cuando se enfrente a su último trámite. El ‘popular’ Moreno anunció que su grupo mantiene vivas sus dos enmiendas para que se debatan en el Pleno.

Un receso que sólo sirvió para enconar posturas entre PP y PSOE.

Apenas producidos dos turnos de intervención de los representantes de cada grupo parlamentario en la Comisión de Desarrollo Sostenible, tuvo lugar un receso de media hora   para intentar lograr un acercamiento entre el PSOE y el PP en torno a las emmiendas de este último grupo. Sin embargo, el parón tuvo la indeseada consecuencia de enconar las posturas opuestas de estos partidos.

Fue el socialista Pérez Torrecilla  quien propuso este receso, después de que el ‘popular’ Moreno ofreciera que alguna instancia oficial de la  autonomía hiciera un informe sobre los reparos que el PP veía a la futura ley.

Sin embargo, tras este ‘tiempo muerto’, el PP se obstinó en mantener sus enmiendas. Así, el parlamentario Moreno advirtió que la exigencia de informe de impacto ambiental para determinados trasvases puede suponer «una cortapisa» cuando se quiera poner en marcha la Tubería Manchega para trasvasar agua a zonas con sequía en la cuenca del Guadiana.

El socialista Pérez Torrecilla le respondió que «no estamos hablando de eso», en referencia a posibles trasvases de distintas cuencas dentro de la región. Lamentó que el PP no aceptara su oferta de sustituir sus enmiendas por transaccionales propuestas por el PSOE, en las cuales se mantenían los textos impugnados por los ‘populares’ pero añadiendo la coletilla del reconocimiento de la jerarquía superior de la normativa estatal sobre aguas.