Estamos hablando mucho del espionaje a políticos, más conocidos por sus intentos de dar un golpe de Estado --afortunadamente fracasado-- y de comprometerse a volver a intentarlo cuando sea posible, que de otros problemas que afectan a la solidez del Estado de Derecho. Me refiero, por ejemplo, a la grave inestabilidad en la Fiscalía General del Estado, acentuada desde la llegada a ese cargo de la actual fiscal general Dolores Delgado y que esta semana pasada ha sufrido un grave varapalo en las elecciones al Consejo Fiscal. Antes, Delgado tenía mayoría con tres votos por cargos de designación directa y cuatro de la asociación a la que pertenecía y a la que ha privilegiado durante su mandato, pese a ser minoritaria. Ahora solo tendrá cinco --tres más dos-- frente a siete elegidos directamente. Los fiscales están hartos de su gestión y de sus nombramientos, el Supremo le ha revocado un importante nombramiento por una discrecionalidad inmotivada, el Gobierno le ha garantizado su ascenso cuando cese en el cargo y hasta los ciudadanos perciben su arbitrariedad. La independencia de la Fiscalía nunca ha estado más cuestionada.

Hay muchas más cuestiones en una Justicia que no funciona, a pesar de que tenemos buenos jueces y fiscales. La falta de organización; la burocracia; la lentitud --se están convocando juicios por despidos o por reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital para dentro de tres o cuatro años--; la pésima ejecución de las sentencias --los procuradores han denunciado que hay 11.000 millones de euros retenidos en los juzgados que es lo que se gastó España en infraestructuras en 2021--; en 2020 se dictaron 12.500 normas nuevas y las leyes, normas y reglamentos de 2021 ocupan más de un millón de páginas en los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas... El Consejo de Estado ha reprobado diversas leyes por su mala calidad legislativa o sus errores. El Tribunal Supremo está colapsado por decisión del Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado por la incapacidad del PSOE y PP de llegar a un acuerdo. En resumen, inseguridad jurídica y descrédito de la justicia, a nivel nacional e internacional. Y graves repercusiones económicas para todos.

Por eso es oportuno el libro que ha escrito el economista del Banco de España, Juan Mora Sanguinetti ('La factura de la injusticia', Edit. Tecnos, 2022) en el que saca los colores a quienes han gestionado o gestionan la justicia. La justicia es un formidable instrumento de desarrollo económico. Si se lograra reducir en un solo punto la congestión de la justicia, dice Mora Sanguinetti, se podría contar en Madrid o Barcelona con 3.000 viviendas nuevas de alquiler, subiría un 3% el tamaño medio de las empresas crecería la productividad y tendríamos entre un 5 y un 7 por ciento más de emprendedores. Pero, sobre todo, crecería la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y, también, eliminaríamos las diferencias entre comunidades autónomas que, en algunos casos, son muy elevadas. Mora Sanguinetti sugiere soluciones: más medios, pero no de forma indiscriminada; inversión primando la digitalización; pensar sobre tasas y costas judiciales respetando los criterios del Tribunal Constitucional; reorganización del poder dentro de los juzgados y las oficinas judiciales; resolver la ejecución de las sentencias; lograr de una vez la interconexión de los distintos sistemas informáticos de las comunidades autónomas; hacer leyes de armonización para resolver los conflictos; fomentar la mediación y el arbitraje con bonificaciones fiscales o procedimientos imaginativos... Lo que es la justicia define a un país y la nuestra no levanta cabeza porque a los políticos nunca les ha interesado que funcione, sino tenerla controlada, porque no da votos ni los quita. Pero el desastre lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo.