Que rápidamente se extendieran las presuntas intenciones del Ministerio de Sanidad para prohibir el vino y la cerveza del menú del día tiene su por qué. Lo primero, porque este Gobierno es capaz de cualquier cosa, por muy inverosímil que parezca. En el prólogo, recomiendan, y luego en el desarrollo meten la mano hasta donde el pueblo les deja. Con la anestesia general que llevamos encima, tienen manga ancha. Y es insaciable el ansia por determinar lo que tienes que comer, beber, vestir o a lo que tienen que jugar tus hijos. Solo estarás en la senda correcta si tu hija juega con una hormigonera y tu hijo peina coletas a las barbies con destreza.     
Cierto es que con Alberto Garzón de por medio la idea habría tenido un soporte mucho más creíble. De poner en pie de guerra al sector cárnico a soliviantar a los hosteleros hay un camino corto. Le importará mucho a Garzón que muchos hayan tenido que cerrar y otros dependan de los próximos meses para seguir con el cartel de abierto. Al ministro no le hemos visto salir en defensa de los consumidores cuando no tienen para pagar la luz, coger el coche o para ir al súper. Pero si de lo que se trata es de prohibir, ahí tiene un buen doctorado.
En la estrategia política, el lanzar un globo sonda es tan antiguo como el Stonehenge británico. Miras con qué fuerza reacciona el personal y a partir de ahí sigues con tu intención o te echas para atrás. Si no vas a continuar con la propuesta, la jugada te permite negar que haya partido de tu equipo. En el PSOE miran a Ayuso y a un mensaje en las redes sociales con la foto de una copa de blanco como protagonista: «Un buen vino como el que quieren prohibir». Como a la presidenta de la Comunidad de Madrid la izquierda le otorga un poder omnímodo -incluso por encima que el respaldo que obtuvo en las urnas-, la colocan detrás de cualquier polémica. «El bulo ha sido cosa suya», claman las terminales de La Moncloa. Pero al margen de ese tweet, en la negación del ministerio de Sanidad se descubre una cuestión esencial que trasciende a Ayuso. Los propios presidentes socialistas e incluso los líderes regionales sin mando se han rebelado al conocer el disparate. No solo aquellas comunidades con intereses vitivinícolas, que a día de hoy son todas. Cuando la respuesta ha sido casi unánime, en Moncloa han comprobado una vez más que pueden jugar con la gente como quieran pero que no les toquen las cosas del comercio y del bebercio.
Si lanzas una ola de inseguridad alimentaria sobre las macrogranjas y no defines con criterios sanitarios, nutricionales e incluso sanitarios sus problemas estás extendiendo una mancha que termina salpicando en última instancia al consumidor, especialmente al que tiene menos recursos. Son los ciudadanos con poder adquisitivo más bajo los que no pueden comprar carne de animales pastando en dehesas abiertas o en prados sin límites porque es más cara que la que se obtiene de la ganadería intensiva. Y con esto del consumo de alcohol en las comidas pasa un tanto lo mismo. ¿Todos los cardiólogos coinciden en que una cerveza o una copa de vino en las comidas es perjudicial para la salud? La mayoría van en la dirección contraria. Otra cosa es que los excesos condicionen nuestra salud. Y ahí pueden incluir también el sufrimiento derivado de una situación económica en la que sí que tiene que ver la actuación o la desidia del Gobierno. Normal que algunos tengan que darse al pimple.