Los contratos públicos, otrora objeto de deseo, han perdido el atractivo que hacía que muchas empresas se pelearan por ellos como si no hubiera un mañana. Atrás quedan esos concursos en los que la compañía ganadora de la adjudicación se imponía a una numerosa nómina de contrincantes. Había auténticos palos por presentar la mejor oferta... De un tiempo a esta parte, las reglas del juego han cambiado y el contexto económico general invita entre poco y nada a lanzar la caña a ese mar de licitaciones para erigir infraestructuras de titularidad municipal, provincial, regional o estatal. Primero la pandemia y después la guerra de Ucrania han disparado el coste de los materiales y eso ha propiciado que –a los precios por los que se licitan ciertas obras públicas–, el empresario se lo piense dos y tres veces ante la poca o nula rentabilidad.

Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), hasta septiembre de este año, esas licitaciones desiertas en la provincia de Cuenca ya sumaban la friolera de 8.998.429 euros. Prácticamente nueve 'kilos' en casi 40 contratos públicos repartidos a lo largo y ancho de los 17.000 kilómetros cuadrados del territorio conquense. Unos guarismos que podrían ser incluso mayores, ya que en el listado que la CNC ha proporcionado a La Tribuna, relativos a Castilla-La Mancha, hay algunas licitaciones en las que nos se especifica la localización de la misma.

Ésta es una tendencia generalizada y afecta a todas las administraciones por igual. Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades y Gobierno central esperan todavía o han tardado más de la cuenta en adjudicar ciertas obras. Las hay para todos los gustos y en todos los ámbitos. A nivel educativo, como la demolición de la biblioteca y la construcción de un gimnasio en el colegio rural Los Sauces en Cañamares; en lo relativo a carreteras, como el acondicionamiento de la CUV-9121 en Bascuñana de San Pedro o la construcción de una glorieta en la CM-2202 en Motilla del Palancar; y, por supuesto, las más numerosas, en materia de pavimentación, urbanización y acondicionamiento de calles y plazas en un sinfín de municipios.

Las obras públicas que se quedan desiertas ya suman 9 millones

Cuantías importantes. De esos nueve millones sin licitar hasta septiembre, la partida más suculenta 'sin dueño' fue la construcción de la residencia de mayores y centro de día en Honrubia, que en abril no encontró destinatario a pesar de salir a concurso por casi tres millones de euros. Otras 'suculentas' obras que –en principio– no encontraron mercantil que las ejecutase fueron la finalización y puesta en marcha de la depuradora de El Picazo (1,7 millones), la terminación de la reurbanización del barrio de La Paz en la capital (850.000 euros) o la urbanización en la Plaza Segundo Pastor, las calles Antonio Machado y Álvaro de Luna y la avenida del Mediterráneo, además de varios pasos peatonales en el barrio de Villa Román, dentro de un conjunto de actuaciones en Cuenca, por valor de 400.000 euros.

«Fracaso» y «amenaza». En opinión de la patronal, son cifras que revelan el «fracaso» de los tres reales decretos-ley de revisión de precios aprobados en Consejo de Ministros entre marzo y agosto, además de suponer una «amenaza» directa tanto para las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como para la ejecución de los fondos europeos.

La Confederación Nacional de la Construcción advierte de que, solo entre enero y septiembre, el número de licitaciones desiertas en todo el país fue de 1.455, impidiendo iniciar obras por importe de 652 millones de euros. Una advertencia que realiza después de que a comienzos de año presentara otro informe que señalaba que, entre octubre de 2021 y enero de este año, habían quedado desiertas casi 500 obras por valor de 230 millones. En Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, segunda comunidad autónoma más afectada por este efecto solo después de Cataluña, el número de obras sin adjudicar fue 226, representando un volumen económico por encima de los cien millones.

CNC asegura que el importante número de obras que siguen quedando desiertas evidencia que los proyectos que se licitan continúan sin tener en cuenta el sobrecoste de materiales y no incluyen cláusulas de revisión de precios. Según el presidente de la patronal, Pedro Fernández-Alén, «la situación es muy compleja para miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas», y es que «muchas se están viendo obligadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre». De esta forma, sentencia al respecto, «o se adoptan soluciones urgentes o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo en un sector crucial para la ejecución de los fondos europeos».