Cumpliendo el compromiso que considera que como institución tiene con la sociedad de nuestra provincia, la Real Academia Conquense de Artes y Letras de Cuenca ha hecho público un comunicado rechazando la anunciada probable desaparición de la línea del ferrocarril convencional contemplada en el denominado Proyecto XCuenca que, presentado por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, contaría en principio con el beneplácito de los actuales rectores de las administraciones autonómica, provincial y local. La Racal considera obligada a unirse a la protesta formulada por los colectivos que "se sienten concernidos y atropellados por la decisión de terminar con el servicio ferroviario tradicional en esta provincia, más que centenario en uno de sus tramos", un servicio que señalan que "aunque, ni de lejos, respondió a todas las expectativas de desarrollo económico puestas en él por quienes instaron su establecimiento y lo defendieron antaño, parece evidente que, durante muchos años, sirvió para articular y vertebrar de diverso modo la conexión entre una parte importante de la provincia y su capital con Madrid y Valencia". Tras destacar que "ni el trazado original de ambos tramos, hacia Madrid y hacia Valencia, ni tampoco su necesaria modernización o mantenimiento, merecieron luego la imprescindible atención de sus responsables" y cómo "en paralelo con la inexorable despoblación que la Alcarria y la Sierra conquenses padecían fue viéndose después menoscabado el servicio sometido a un constante deterioro", la Academia afirma asimismo su convencimiento de que resulta "del todo irreal a la hora de solucionar las auténticas necesidades de la población rural afectada la hipótesis ofertada por la administración de crear a propósito un servicio de autobuses, "a demanda" precisa de los posibles viajeros. Sus características previsibles contribuirán con toda probabilidad –sigue diciendo la RACAL– a la disuasión de los teóricos usuarios y a otorgar una coartada prefabricada a la medida de mayor alcance ya decretada". El comunicado se cierra señalando "la marginalidad a que conduce la pérdida de infraestructuras y servicios asequibles en un determinado territorio cuyo deterioro y vaciamiento parecen sometidos a unas inexorables leyes económicas de carácter inapelable sin que les pongan coto decisiones políticas orientadas por la necesidad de implantar, además de una mayor equidad solidaria entre regiones, un conjunto de medidas capaces de asegurar unos servicios dignos a los habitantes de las más empobrecidas y despobladas del Estado".