Si el Gobierno considera que ahora el momento útil es el del perdón a los líderes del 'procès´ independentista es porque antes fue el momento del castigo, que se materializó mediante la sentencia del Tribunal Supremo y el cumplimiento de una parte de las condenas. Eso es lo que ha permitido al Ejecutivo tramitar los indultos. Lo que no puede ocurrir son los indultos preventivos o tratar de que tribunales u órganos constitucionales no cumplan con su misión. El interés de los gobiernos central y catalán es desjudicializar todo lo relativo al expediente catalán y situarlo en el marco del debate político. Pero lo que no se puede evitar son los procesos en marcha, que se deben sustanciar porque es lo que lo que macan las leyes. Son "piedras en el camino", como las ha definido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuya retirada solo será posible una vez que el Tribunal de Cuentas acabe su trabajo y se resuelvan los recursos ante el Supremo que presenten los independentistas afectados.
No es posible ni un indulto preventivo del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de consellers y líderes políticos que se sustrajeron a la acción de la justicia tras la declaración unilateral de independencia sobre los que pesan euroórdenes para su extradición a España, cuya reactivación está pendiente de la respuesta a la consulta prejudicial elevada a los tribunales europeos por el juez Pablo Llarena; y tampoco el Gobierno tiene mucho margen de actuación en el caso del acta de liquidación del Tribunal de Cuentas que ha fijado en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a Puigdemont, a Artur Mas, a Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y el 'Diplocat'.
Lógico que desde el mundo independentista se trate de resolver de antemano este asunto que afecta a la economía personal de los citados por el Tribunal de Cuentas y que pidan al Gobierno que la Abogacía del Estado se retire de las demandas –aunque no tiene capacidad para hacerlo-. Cualquier declaración del Gobierno será utilizada en su contra por los dirigentes de la oposición para desgastar al Gobierno. Cuando haya decisión firme del Tribunal de Cuentas –la ponente será la exministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante- será el momento de recurrir al Tribunal Supremo. Incidir en este asunto como ha hecho la Generalitat justo unas horas antes de que tuviera lugar la primera reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, es un nuevo factor de distorsión a sumar a la petición de amnistía y de un referéndum de autodeterminación, En los tres casos el límite de negociación es la legalidad, y los posibilistas de ERC deben dar muestras de saberlo y no condicionar la mesa de diálogo a esos asuntos. Sería curioso que ese foro tuviera más dificultades de las ya previstas porque la 'pela es la pela', y las responsabilidades pecuniarias de los instigadores del 'procés' pasaran incluso por delante del desiderátum independentista.
El PP ha encontrado en la decisión del Tribunal de Cuentas una nueva tuerca con la que apretar al Gobierno, que a través de su portavoz ha dado una larga cambiada para derivar la atención sobre las renovaciones de los órganos constitucionales a las que se opone el PP.