Menos de una docena de cooperativas agrarias se han convertido en los últimos años en auténticos motores de la economía en el territorio rural a nivel nacional. Son los casos de Coren en Galicia, AN Navarra con presencia en la Comunidad Foral y otras provincias, Dcoop en el mundo del aceite andaluz, Anecoop en Valencia, Iparlat en leche en la Cornisa Cantábrica… Todas ellas consiguen facturaciones en el entorno de los mil millones de euros.

En un segundo escalón, por debajo de esa cifras, funcionan varios cientos de cooperativas de tamaño mediano y grande que, tanto por su facturación como por el número de socios, también son motores económicos de su entorno. En esta categoría se podrían englobar los casos de Acor, Cobadu, Colear, Agropal o Copiso en Castilla y León; Baco o Coagral en Castilla La Mancha; Guissona en Cataluña; Iparlat en el País Vasco, Feiraco en Galicia; Unica u Oleoestepa en Andalucía, Coderex en Extremadura, Oviaragón...

Pero, por debajo de todas ellas y en muchos casos integradas en los grandes y medianos grupos, miles de pequeñas cooperativas, con facturaciones reducidas, son motores de la economía y del empleo en miles de pequeños pueblos, constituyendo piezas claves para el sostenimiento del medio rural frente al abandono del territorio y contribuyendo a mantener un campo vivo.

En fechas recientes Cooperativas Agro-Alimentarias de España ha celebrado su asamblea ordinaria, que contó con la presencia de las organizaciones agrarias. Afortunadamente para el campo, han pasado los tiempos en los que, especialmente desde estas organizaciones, se veía en las cooperativas un conflicto de competencias. Ahora se vive otro escenario en el que ambas estructuras trabajan y se complementan en sus actuaciones, prestando servicios al mundo rural y con agricultores y ganaderos como objetivo fundamental.

El cooperativismo agrario -más de 3.000 entidades con un millón socios-, aunque con implantación desigual según sectores y territorios, supone una facturación de unos 38.000 millones, el 60% de la producción agraria, y el 20% de la industria alimentaria. Más del 30% están operando en los mercados exteriores, donde colocan el 30% de su facturación. Y proporcionan un empleo directo a 120.000 personas en el medio rural, a las que se suma el empleo indirecto y, sobre todo, su efecto dinamizador de la vida social, desde las tiendas a los bares.

Con este potencial, visto desde fuera, se podría entender que el cooperativismo agrario tiene en sus manos el control de la actividad agraria, sobre todo, a efectos de los mercados. Desde las políticas para la compra de medios de producción, con el consiguiente impacto positivo en los costes, hasta el momento de la comercialización para operar en los mercados. La realidad, sin embargo, es diferente de forma global, si bien existen grupos cooperativos de segundo grado muy potentes que están en disposición de ejercer esos poderes, con los consiguientes efectos positivos para agricultores ganaderos.

Con carácter general, es un hecho que, una vez superados muchos viejos vicios del cooperativismo -como el inmovilismo en los puestos y en desinterés de muchos de los socios de estar en la dirección-, y profesionalizada la gestión, se está avanzando, no solo para aumentar el volumen medio de la actividad de cada cooperativa, sino también en las actuaciones de integración. Un total de135 grandes grupos cooperativos, el 5,3%, facturan el 53,4% de todo el sector; 439 cooperativas medias, el 17,3%, suponen el 28,7% de las ventas. Sin embargo, 872 pequeñas cooperativas, el 38%, solo facturan el 15,4% y otras 994 cooperativas más reducidas, el 39%, solo supone el 2,4% de la facturación total del sector. Para ser eficiente no es indispensable tener una elevada facturación, y más si se apuesta por la especialización y la calidad, pero ayuda.

Aumento de facturación.

En los últimos años se han dado pasos importantes para potenciar las estructuras cooperativas que ha supuesto pasar de una facturación media de seis millones de euros a superar los nueve millones, cifra que aún es casi la mitad de la media comunitaria de 16 millones. En otros países como Italia o Grecia existe el mismo problema de minifundismo, pero por el contrario, los países de la Unión Europea del norte compensan con un predominio los grandes grupos cooperativos y una facturación que llega en algunos casos hasta 30.000 millones, como Arla Food-Campina.

En España es ya vieja la batalla para reforzar la estructura del cooperativismo, tanto vía su integración total, como con acuerdos simplemente comerciales al menos para unificar la oferta ante la resistencia de muchos dirigentes cooperativos a mantener su parcela de poder. Desde el propio mundo cooperativo se promueven actuaciones encaminadas a esos procesos de integración y desde la Administración está en marcha en los últimos años la estrategia para la constitución de las Entidades Asociativas Prioritarias con carácter supraautonómico. De estas últimas se han puesto en marcha más de una docena, impulsadas siempre por un grupo ya importante que hace como efecto tractor. Se trata de una respuesta corta para las necesidades del sector a pesar de todos los mecanismos de apoyo dispuestos por la Administración

El cooperativismo agrario, y puede que esté ahí una de las razones de los lentos avances en materia de integración, tiene como socios solamente a un 10% de jóvenes y, de ellos, solo un 4% se halla en la presidencia de las entidades y entre un 7% y 8% en los órganos de dirección. La presencia de la mujer es algo más importante si se considera que la misma supone entre un 9% y un 11% de los miembros de los consejos de dirección.

A pesar de los problemas derivados de la falta de unas estructuras más potentes, tanto a la hora de comprar medios de producción como para la venta de los productos del campo frescos o transformados, las cooperativas agrarias, a diferencia de las industrias alimentarias, de cara a los consumidores ya parten de un plus de imagen en positivo con un logo que asocia su oferta a productos del campo y de calidad desde el origen.

Por el peso de su volumen y facturación, su papel en el empleo y su actividad medida en la superficie de cultivo de sus socios, las cooperativas son estructuras estratégicas, no solo por sostener la vida en el medio rural, sino por lo que suponen para mantener el territorio productivo en manos de agricultores y ganaderos de aquí. En un mundo que avanza hacia una población de más de 9.000 millones de personas para alimentar, la tierra se ha convertido en arma estratégica sobre la que países como China ya llevan años tomando posiciones con compras masivas de superficies, especialmente en América del Sur y en África. Y lo mismo hacen los fondos de inversión, tanto en tierras como en empresas alimentarias y de producción de semillas y plantas, situación de la que España no es ajena.

Desde esta perspectiva, las cooperativas con sus -con nuestros- agricultores y ganaderos como protagonistas, se convierten en guardianes seguros del territorio y de la soberanía alimentaria.