La segunda sesión de la Comisión no Permanente de estudio para alcanzar un Pacto contra la despoblación en la región -que tuvo lugar este martes en el Parlamento autonómico- duró cuatro horas y por ella pasaron el presidente de Recamder, José Ortega, el secretario general de Cecam, Félix Peinado, el profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Díez, y la coordinadora  de la Red SSPA, Sara Bianchi.

El primero en tomar la palabra delante de los diputados regionales fue el presidente de la Red Castellano-manchega de Desarrollo Rural (Recamder), José Ortega, quien mostró su preocupación por el futuro del medio rural castellano-manchego. Es por ello que reclamó un «gran» pacto regional sobre despoblación, recordando que el 74% de los municipios castellano-manchegos han reducido su población en los últimos años, un total de 678 de 919.

Le preocupa, además, el «vacío generacional» que se está dando en el medio rural e incidió en que «tenemos por delante un futuro incierto», por lo que «necesitamos medidas urgentes». «No nos podemos permitir que estos pueblos se queden sin vida», apostilló. 

Un futuro que depende, en gran medida, de las decisiones que adopte la Unión Europea. Ortega está convencido de que sin las ayudas de Bruselas «el mundo rural desaparecería», por lo que animó a todas las administraciones a trabajar por «hacer más atractivo vivir en los pueblos» y convertir las necesidades que atraviesan los pequeños municipios de la comunidad autónoma en oportunidades.

Dicho esto, enumeró las medidas que contiene el Manifiesto de Sigüenza, al que Recamder se adhirió. 

Algunas de ellas pasan por garantizar un mejor suministro eléctrico y de telecomunicaciones a las zonas despobladas, con el objetivo de evitar cortes sistemáticos del fluido eléctrico, con las consiguientes pérdidas a particulares y empresarios. Asimismo, Recamder pide que las administraciones públicas establezcan entre las diferentes carreras profesionales un complemento económico del 25% del salario por fijar la residencia de los empleados públicos en municipios rurales y que en los concursos o concurso-oposición, la residencia en un municipio rural se refleje como mérito en el baremo.

Los empresarios aconsejan adaptar la normativa y la burocracia al tamaño del municipio

La intervención del secretario general de la patronal de empresarios castellano-manchega, Félix Peinado, se adelantó al retrasarse el segundo de los ponentes de la Comisión parlamentaria, el profesor universitario, José Carlos Díez. 

Peinado reconoció que instalar una empresa en un pequeño municipio conlleva más desventajas que hacerlo en un entorno urbano, pero no por ello hay que cejar en el empeño. Es por ello que entre las soluciones que el tejido empresarial proponer para revertir el problema de la despoblación destacó las ventajas fiscales que debería implementar el Estado. 

«Es más ventajoso establecerse en Madrid o en Bilbao que en un pueblo pequeño y esto habría que solucionarlo con un pacto de estado», dijo el número dos de Cecam, quien añadió también que los empresarios reclaman menos costes laborales y de la Seguridad Social para que sea más atractivo abrir un negocio en un pequeño municipio. 

Reducir la burocracia es otra de las medidas históricas de los empresarios, da igual si quieren establecerse en el campo o en la ciudad. Peinado aconsejó a las administraciones públicas «adaptar la normativa y la burocracia al tamaño del municipio». 

FUERA LOS CRITERIOS POLÍTICOS. También lanzó otro mensaje a las instituciones: «deben blindar los servicios públicos en los pueblos», sostuvo el secretario general de Cecam, pues cuando una persona joven se marcha «ya es muy difícil que vuelva». 

En lo que concierne a Europea, Peinado confesó que la patronal regional anda preocupada por lo que pueda pasar en los próximos meses con los fondos y ayudas que apruebe Bruselas. Dicho esto, aseguró que «no solo hay que reivindicar estos fondos, sino que hay que invertirlos bien». 

En este punto, trasladó una crítica del tejido empresarial a los diputados regionales y es que la mayor parte de los empresarios creen que los gobiernos deciden el destino de las ayudas basándose en criterios políticos y no empresariales».