De un tiempo a esta parte cumplir los mandatos constitucionales ha dejado de ser una premisa absoluta para convertirse en un arma arrojadiza. Las reuniones de la comisión bilateral entre el Gobierno de la nación y el Govern catalán están previstas en el Estatuto de Cataluña, que forma parte del bloque de constitucionalidad, que fue 'cepillado' por el Tribunal Constitucional y que no objetó a esta figura. Por tanto, la celebrada el lunes no puede considerarse una anomalía, sino que lo irregular era, precisamente, que no se hubiera reunido en los últimos tres años y que en la década precedente no se haya utilizado este mecanismo para mejorar la vida de los catalanes. El independentismo se la jugó a todo o nada y la conclusión es que ha perdido tiempo, dinero y avanzar para volver ahora a la senda autonomista de la que reniegan pero que es el marco fijado para todos.
No se trata de obviar la debilidad parlamentaria del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y su necesidad de contentar a sus socios parlamentarios – ERC y PNV- y que todo apoyo es cuantificable en euros contantes y sonantes, pero lo mismo hizo cuando tuvo necesidad el Partido Popular y con la misma finalidad: permanecer en el poder.
Uno de los debates políticos que se abren ahora que se pretende normalizar las relaciones con el Govern, es si este está dispuesto a transitar por otra vía que no sea la del desafío permanente, que conduce a la melancolía, si la recuperación del diálogo y de las inversiones para mejorar el autogobierno servirán para bajar las ansias independentistas, y que ocurra como en el País Vasco que ha entrado en una fase de declive del soberanismo, o si esas inversiones servirán para que a través de la percepción de sus logros, una mayor parte de catalanes pasen a formar parte de la mayoría social que ERC considera que ha de aumentar considerablemente para que la independencia sea irreversible. Por el momento, la experiencia demuestra que a mayor autogobierno y solución de los problemas de los ciudadanos menos independentismo.
La manera de evitar que se produzcan suspicacias a cerca de quien “paga el pato”, agravios comparativos, suspicacias y victimismo es afrontar los problemas de fondo que se encuentran sin resolver: la reforma de la financiación autonómica, y tirando por elevación una reforma constitucional en la que se establezca cuáles son la competencias exclusivas del  Estado, las compartidas con las comunidades autónomas y las privativas de estas, para que cada una de ellas adopte el ritmo que crea conveniente para su traspaso.
De la valoración de la reunión de la comisión bilateral realizada por los interlocutores catalanes, y de su insatisfacción por los magros resultados obtenidos, puede seguirse que las críticas preventivas realizadas por los dirigentes populares eran infundadas y que no han conseguido su principal objetivo, que el reparto de los fondos europeos correspondiente a Cataluña se negociara en este ámbito. Y el acuerdo para aportar 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de El Prat es una patata caliente transferida al Govern que tendrá que resolver entre la sociedad y los políticos catalanes, dada la división de opiniones sobre el impacto de esta infraestructura. Una cantidad que se compensa, o que agravia a otros territorios, con los 1.600 millones de euros que se destinarán al aeropuerto de Barajas.