Una noticia buena y otra mala. Como en el chiste, primero la mala, para quedar después con mejor sabor de boca.

La mala: el ex gerente del PSOE de Valencia ha confesado que el partido se financió durante años de forma ilegal. Pésima noticia para Ximo Puig, pero también para Pedro Sánchez. Recuerden, Rajoy perdió el gobierno por una moción de censura de Pedro Sánchez por supuesta financiación ilegal del PP. Supuesta porque el tribunal archivó la causa abierta contra el entonces presidente.

Sánchez ha devaluado penalmente el delito de malversación, pero políticamente es impresentable que un partido se financie de forma ilegal, y es muy probable que esta noticia tenga reflejo en las urnas.

La noticia buena se produjo con el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial para elegir a sus candidatos para el Tribunal Constitucional. Llegaba precedido de una polémica que se prolongó durante meses por falta de acuerdo entre vocales del ala conservadora y del ala progresista, acusaciones del gobierno al PP de bloquear la renovación de las instituciones y polémica decisión del gobierno de sacar adelante sus propuestas de desaparición del delito de sedición y rebaja de la malversación a través de enmiendas a la ley orgánica del Poder Judicial, lo que fue rechazado por el Senado y por el Tribunal Constitucional por no seguir el procedimiento adecuado.

Finalmente el CGPJ eligió por unanimidad a un vocal considerado conservador y otro progresista, que se sumarán a los dos progresistas designados por el gobierno. Dos por cada institución, como marca la ley. Lo que pretendían Sánchez y Bolaños era contar con vocales no solo progresistas sino que garantizaran la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Un magistrado de reconocida trayectoria, al que Sánchez ha colocado en una situación difícil con las maniobras para auparle contra viento y marea.

El PP ha logrado que se mantengan las formas y lo que dice la Constitución, que se sigan los procedimientos al pie de la letra. Sabía de antemano que perdería la mayoría, pero su afán era que en esa mayoría no se "colaran" nombres con mayor compromiso de lealtad a Pedro Sánchez que a la independencia con la que deben pronunciarse los miembros de las instituciones del Estado. Sobre todo cuando ocurre, como en este caso, que los pronunciamientos afectarán a leyes muy controvertidas recurridas ante el TC, entre ellas la de la sedición, el aborto, la de libertad sexual o la eutanasia.

Todas ellas exigidas por los socios de gobierno de Pedro Sánchez, que las llevó al Parlamento para su aprobación so pena de perder los apoyos necesarios para mantenerse en La Moncloa.

En este caso, como en otros, la reacción de Sánchez ante una situación incómoda, fue insistir en las acusaciones al PP de no respetar la Constitución al bloquear los nombramientos del TC. Una Constitución que el presidente suele interpretar a conveniencia. Pero el PP finalmente le ha ganado el pulso.