Hablar de pobreza infantil en pleno siglo XXI parece más una distopía que una realidad, pero el mundo es cruel con los más vulnerables y muchos menores viven todavía sin lo mínimamente necesario para crecer saludablemente. Por eso España presenta hoy a la Unión Europea (UE) un plan de acción para reducir la pobreza infantil y garantizar el acceso a todos los niños a servicios claves para su desarrollo, con el objetivo de rescatar antes de 2030 a más de 700.000 niños de la situación de exclusión social en la que crecen.

España ya era antes de la pandemia el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil de la UE, con 2,6 millones de niños en esa situación, el 30,3 por ciento. Las cifras se han elevado, alertan los distintos informes de las entidades sociales de atención a la infancia.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reclamó a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial, celebrada el pasado miércoles, «ambición y compromiso» para hacer frente al reto de acabar con esas cifras de pobreza y aprovechar la oportunidad que ofrece el programa europeo Garantía Infantil, en el que se destinarán casi 1.000 millones de euros hasta 2030 para ese objetivo.

Deben aplicarlo juntos, Gobierno y administraciones autonómicas, con un plan estatal de acción que detalle las medidas y objetivos en el que llevan trabajando meses y que se presenta ante la Comisión Europea. Una vez recibido el visto bueno de Bruselas a la propuesta, volverá a España para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Garantizar al menos una comida saludable al día a todos los menores, educación de  cero a tres años, que ningún menor de seis años viva en centros de acogida (ahora hay 1.177 niños) y reducir a la mitad la brecha digital de la infancia, son algunos de los retos a los que se compromete España, recogidos en el documento que se expone en Bruselas. 

Esta radiografía de la pobreza muestra una imagen fija de los niños en situación de especial vulnerabilidad. Entre ellos, los pequeños en riesgo de pobreza o exclusión social (2.624.000), con discapacidad (129.540), de etnia gitana (190.000), en el sistema de protección (49.171), migrantes que están solos (9.228), con privaciones graves en materia de vivienda (513.800), en conflicto de ley (2.423) y niños de padres en situación irregular (147.000). Para estos últimos, principalmente, el Gobierno plantea la asignación de un número de identidad independiente de la situación administrativa de sus progenitores. Son menores que no pueden acceder a becas o ayudas para las que se pide requisitos como estar empadronados.

Hay otros grupos vulnerables pendientes de cuantificar, como los que viven en familias con un solo progenitor, numerosas y otros modelos familiares con especiales desafíos de cuidado.