Agencias / Madrid
El posible endurecimiento de la prisión permanente, una norma controvertida que no cuenta con el respaldo mayoritario de las fuerzas del arco parlamentario en España, copó ayer todos los focos y situó el protagonismo en la ampliación de los castigos que incluye para los asesinos que oculten el cadáver solicitada por el PP y Ciudadanos. Una opción a la que el Congreso abrió finalmente la puerta, con el apoyo socialista a la tramitación en las Cortes de la iniciativa, si bien Ferraz ya anunció que enmendará la propuesta inicial para encontrar otra figura penal.
«En atención al dolor adicional que supone ocultar el cadáver para las familias, votaremos sí para que en la fase parlamentaria, por vía de enmiendas, resulte un texto más adecuado a nuestro orden constitucional y dé respuesta a la pena de las familias», explicó el diputado socialista Francisco Aranda para justificar el voto favorable de su grupo a la iniciativa.
Precisamente, fuentes del Ministerio de Justicia se pronunciaron sobre el debate y señalaron que el Código Penal ya tiene recursos para poder introducir castigos a los asesinos que oculten el cuerpo de su víctima y a los reos que vuelvan a matar tras salir de la cárcel, por lo que la prisión permanente revisable sería la figura más adecuada.
Tras conocer la tesis del departamento que dirige Pilar Llop, Unidas Podemos cambió su sentido del voto y lo que en boca de su portavoz, Pablo Echenique, iba a ser un apoyo a la propuesta, se tornó en rechazo en el Hemiciclo.
La prisión permanente revisable fue aprobada en 2015 en una modificación del Código Penal para aplicar este castigo a delitos muy graves. Ya entonces, socialistas y morados la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que finalmente sentenció a favor de esta pena al considerarla «proporcionada» y al entender que no vulnera el principio de reinserción que consagra la carta magna.
Sin embargo, aunque la mayoría de los partidos apoyó el endurecimiento de la norma, algunos grupos, como el del PNV o el Plural, además de Unidas Podemos, lo rechazaron en el Congreso.
Macarena Montesinos, del PP, fue la encargada de defender la proposición y la prisión permanente revisable, una figura «incuestionable» y apoyada, según ella, por la opinión pública a la que el Parlamento «no puede desoír».
En esta línea, Edmundo Bal, de Cs, también vio el encaje constitucional de la iniciativa, advirtió que lo que les ha pasado a las familias de Diana Quer, Marta Calvo o Marta del Castillo puede pasarle a cualquiera, e incidió que si las penas que ahora se proponen hubieran estado en vigor, no se hubieran producido los crímenes de Lardero o el de Laura Luelmo.
Por su parte, Macarena Olona, de Vox, exigió a los socialistas un «compromiso público» con esta propuesta porque la reforma de 2015 fue «insuficiente», a la vez que le pidió que no use el «subterfugio fraudulento» de ampliar los plazos de enmiendas para que la iniciativa «no vea la luz».
'Hacer política' con el dolor
El PSOE trató de justificar su apoyo a la propuesta con un alegato lanzado por Francisco Arana, que comenzó su intervención con esta frase: «No hacemos política con el dolor de la gente», si bien reconoció que ocultar el cadáver es una dolor adicional que sufren las familias de esas víctimas.
Por ello, los socialistas quieren que se tramite la iniciativa para, vía enmiendas, aumentar el castigo a esas conductas, pero creen que se puede acudir a otras figuras punitivas que no sean la prisión permanente. «No debe confundirse más pena con mejor justicia», zanjaron.