El Tribunal Constitucional ha removido los cimientos de los presupuestos locales preparados para el año de la recuperación, el 2022. El avance de sentencia -a falta de ver los detalles- sobre la eliminación de la plusvalía municipal ha llegado justo en la cocina de elaboración de las cuentas de los ayuntamientos que, hasta ahora, estaban haciendo día tras día borrón y cuenta nueva en base a las distintas subidas en el sector energético, donde no hay visos de que las alzas se detengan en un horizonte cercano.
No por esperada la decisión del TC, el impacto es o será menor. Esta tasa impositiva supone una fuente vital de ingresos para los consistorios, especialmente entre los grandes, y permitía una recaudación media de unos 2.500 millones de euros. La anulación responde con el método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (nomenclatura oficial del impuesto), el tributo que cambia el valor de un terreno urbano cuando se adquiere por venta, herencia o donación. La decisión ha provocado la contestación inmediata de ayuntamientos de todos los signos políticos por entender que la sentencia era la esperada y que el Gobierno no ha movido ficha para cambiar la legislación a tiempo. No será extraño que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, exija en las próximas horas una compensación mientras los ayuntamientos no cobran esta tasa. Los consistorios del Partido Popular lo están reclamando ya por el fuerte impacto en las arcas municipales teniendo en cuenta la subida de la luz, los combustibles y la actualización de sueldos de los funcionarios. El Ministerio de Hacienda anuncia una solución lo más pronto posible en el plano legislativo, pero prefiere esperar a tener entre las manos la sentencia íntegra para tomar una solución desde la perspectiva económica. Se le abre un nuevo frente al Gobierno que evidencia su parálisis a la hora de tomar decisiones. La falta de respuestas, y de transparencia, en muchos momentos del Estado de Alarma fallido en su aplicación en la pandemia, la concreción a la hora de adecuarse a los nuevos precios de la luz y no prever el frenazo que anunció hace días el Banco de España, deja la gestión de Moncloa en un permanente alambre de inestabilidad. Cierto que la lucha de egos y enfrentamientos en la coalición no ayudan a despejar ese halo de incertidumbre con el que se riegan todos los anuncios, proposiciones de ley y decretos desde hace meses hasta el día de ayer.