El número de desempleados reales a finales de febrero roza los 6 millones. El Ministerio de Trabajo informó ayer de los datos relativos al mes pasado y una vez más las cifras son desoladoras. A los 4 millones de parados registrados, por primera vez en 5 años, hay que sumar los casi 300.000 no ocupados, los 408.000 con disposición limitada, los más de 900.000 en ERTE y los cerca de 362.000 autónomos en cese de actividad.

Tampoco fue mucho mejor la afiliación a la Seguridad Social, ya que el número de afiliados, excluyendo trabajadores en ERTE y autónomos con prestación, se redujo en 370.000 en los dos primeros meses del año. Concretamente, en febrero el número total aumentó en poco más 20.600 que en términos desestacionalizados equivale a una caída de cerca de 30.000, la primera bajada desde el pasado mes de mayo. Sin duda, las restricciones en la actividad, provocadas por la tercera ola del coronavirus, y la lentitud en el proceso de vacunación por la escasez de vacunas están detrás de estos pésimos datos de paro y afiliación.

Sin embargo, también hay que señalar que desde el Ministerio e Trabajo siguen empeñados en achacar a la reforma laboral del PP todos los males y no hay un día sí en que no se alabe y se presuma de la figura de los ERTE -por cierto, recogida en esa misma reforma laboral de Bañez- que si bien han tenido todo el sentido en los primeros meses de pandemia ahora, sin ayudas directas y con cierres y aforos limitados, se han convertido en la mayoría de los casos en un problema, ya que no permite el despido sin devolver hasta el último céntimo de las cotizaciones ahorradas.

El Gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de empresarios y autónomos de ayudas directas o algún tipo de indemnización a fondo perdido. Y tienen razón, si no me permites la actividad, tengo ingresos cero, pero debo hacer frente a los gastos de mantener el negocio abierto, es muy difícil resistir. De hecho, miles de empresas y autónomos han cerrado definitivamente y más que lo harán cuando se levante el 14 de marzo la suspensión de presentar concurso de acreedores poco después de conocer la situación de insolvencia de la empresa.

Los gestores se esperan lo peor. Una avalancha de peticiones de cierres definitivos que llevarán al paro a miles de trabajadores. Y, mientras esto ocurre, seguimos sin conocer detalles del nuevo plan de ayudas anunciado por el presidente el pasado miércoles en el Congreso. Nadie sabe aún absolutamente nada de cómo, cuándo y quién se podrá beneficiar de ese fondo de 11.000 millones.