El Gobierno de Castilla-La Mancha continuará defendiendo los intereses de la región «por encima de cualquier consideración» para consolidar el Sistema de Atención a la Dependencia.
Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en el Pleno, donde ha aseverado que «la deuda de la dependencia se la debemos al Gobierno del Partido Popular y su errática política de recortes, que en lo referido al Gobierno de España en 2012 suprimió el nivel acordado y el recorte del nivel mínimo, rompiendo el criterio de corresponsabilidad que establece la Ley de Dependencia».
En este sentido, ha recordado que quien puso en evidencia esa «deuda de la dependencia» fue el Gobierno del presidente Emiliano García-Page en el Debate del Estado de la región de 2016, «cuando pidió autorización a estas Cortes para reclamar al Estado la deuda de la dependencia, lo que supuso que el 1 de diciembre de ese mismo año se solicitara formalmente la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de revisar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia».
El Gobierno regional «tiene muy presente la reclamación de la deuda de la dependencia, pero no como herramienta para el conflicto político, sino para seguir consolidando el Sistema de la Dependencia».