El Tribunal Constitucional (TC) prepara una sentencia contraria a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados por los que se suspendió la actividad parlamentaria en la cámara baja en marzo de 2020, al inicio del estado de alarma por la pandemia por Covid-19.

Según adelanta El País, y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, el Pleno del tribunal de garantías prevé declarar inconstitucionales esos acuerdos --tal y como solicitó el partido político Vox-- por los que se limitaba la actividad parlamentaria.

La ponencia sobre este asunto ha correspondido al magistrado Antonio Narváez, y se incluyó en el orden del día del Pleno que comenzó el pasado martes y que se extendió hasta este jueves. Dado que la previsión es que la sentencia recoja el sentir general apoyado por los magistrados conservadores del tribunal, esta sería la segunda ocasión en la que el TC daría la razón a Vox en relación a un asunto relacionado con la pandemia, ya que este verano declaró inconstitucional el primer estado de alarma.

De marzo a abril de 2020 

Según las fuentes consultadas, el ponente de la resolución, Antonio Narváez, propuso desestimar el recurso del partido de Santiago Abascal, pero tras la deliberación y viendo que había mayoría a favor de estimarlo, accedió a cambiarla. Previsiblemente se votará en el pleno de octubre, por lo que puede coincidir con al deliberación sobre la constitucionalidad del segundo estado de alarma.

El 'cerrojazo' a la actividad parlamentaria está pendiente de resolución desde junio de 2020 --que fue cuando el TC lo admitió a trámite-- y, si bien se analiza si esa decisión de la Mesa se ajustó a la Constitución, en realidad únicamente se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril, por lo que en ese periodo se centra la deliberación en el órgano de garantías.

En la resolución de admisión a trámite el TC ya explicó que en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y genera repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

En concreto, Vox impugnó el acuerdo de la mesa 19 de marzo de 2020 por el que se suspende el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levantara la suspensión, así como el de fecha 21 de abril de 2020 por el que se desestimó la solicitud de reconsideración que realizaron PP y Vox.

Tras las primeras restricciones por la pandemia, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, aprobó el 19 de marzo 'parar el reloj' de los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.