Los empresarios de Cuenca, Soria y Teruel están de enhorabuena. La Comisión Europea ha actualizado sus directrices en relación a las ayudas estatales de finalidad regional para asignar subvenciones o exenciones fiscales a las zonas menos desarrolladas. Estas tres provincias, azotadas por el mal de la despoblación al haber visto reducida su densidad hasta un índice inferior al de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, han sido las grandes beneficiadas. Las tres confederaciones empresariales, que ofrecieron una rueda de prensa conjunta para valorar la medida, la interpretan como una “oportunidad de oro” para que “en un plazo razonable” cambien de forma “definitiva” esta inercia demográfica y económica “tan negativa” que vienen arrastrando desde hace décadas.
El secretario general de CEOE-Cepyme Cuenca, Ángel Mayordomo, celebra la noticia y confía en que este “aval” ayude a “captar nuevas iniciativas empresariales”, que es algo “fundamental” para “revertir” el grave problema demográfico de la provincia. Un paso adelante de la Unión Europea que no sólo servirá como efecto llamada, sino también para consolidar el tejido productivo ya existente, pues las empresas ya implantadas en territorio conquense también se beneficiarán de estas bonificaciones, que podrían llegar hasta el 20 por ciento de los costes laborales, junto a exenciones en las cuotas a la Seguridad Social. “Estamos muy satisfechos porque es un momento crucial para nuestra economía”, apuntó Mayordomo, y es que éste era “un paso importante y necesario para conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto durante los 10 años que venimos trabajando”.
Las patronales conquense, soriana y turolense ven con muy buenos ojos los efectos positivos que puede tener para el desarrollo del territorio la actualización de la directriz, y para evidenciarlo ponen blanco sobre negro. Sólo 19 de prácticamente 29.000 compañías asentadas en estos tres territorios no podrían acogerse a las ayudas por su excesivo tamaño o por su volumen de negocio. 13.000 de ellas, según cálculos de CEOE-Cepyme Cuenca, en la provincia conquense. Asimismo, los responsables de estas asociaciones han echado cuentas y la factura a la Administración por este “vital” apoyo no llegaría a los 160 millones anuales. Desgranados por provincias, la mayor parte del pastel se la llevaría Cuenca, con 64 millones, le siguen Teruel (55) y Soria (40).
Ahora bien, para que estas ayudas lleguen al bolsillo de los empresarios, es necesario que el Gobierno de España establezca los mecanismos necesarios. En este sentido, la directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, María Ángeles Fernández, apuntó durante la comparecencia que “ahora toca trabajar desde ya en la letra pequeña” y en contacto con las administraciones e instituciones pertinentes para conocer el procedimiento que deben seguir las empresas para acceder a estos fondos. Un procedimiento que todavía está “por determinar”, pero que les gustaría que fuese “automático”. En esta misma línea, el vicepresidente de Cepyme Teruel, José Guillén, puso el foco en que “es tan importante" la cantidad de las ayudas, como la facilidad de la tramitación de las mismas. “Vamos a intentar que no haya que salvar un muro administrativo”, remató. Según apuntaron los tres representantes, trabajarán para que el apoyo llegue este mismo año, pero no descartan que por la lentitud de la Administración se implante a partir de 2022.
Por otro lado, las patronales defienden que contar con este tipo de ayudas no afecta a la libre competencia en el mercado europeo, poniendo sobre la mesa datos determinantes como que las tres provincias sólo representan el 0,83 por ciento del PIB nacional y que sus empresas únicamente son un 0,85 por ciento del total de España. Así, explicaron que estas ayudas de Estado son una excepción al marco jurídico comunitario, de ahí que se haya tenido que probar que no se alteran las normas de competencia y de este modo equipararse con los territorios del norte de Europa.
Asimismo, hay que tener en cuenta que a estas ayudas no puede acceder la totalidad del tejido productivo, sino que quedarán excluidas aquellas sociedades de más de 250 trabajadores o las que tengan un volumen de facturación anual superior a los 50 millones de euros. Además, el texto indica que quedan fuera algunos sectores que ya reciben otro tipo de apoyo, como la pesca, la agricultura, el transporte, los servicios financieros y de seguros, la consultoría, la siderurgia y las empresas en crisis, entre otras áreas.
En cuanto a la formulación de las ayudas se subraya que deben tener un beneficio económico para las empresas, suponiendo una reducción de los gastos de las compañías y una limitación de los sobrecostes. Las tres organizaciones señalan al modelo noruego de exención de los costes laborales como el que prefieren y sobre el que han hecho sus cálculos, pero que también podrían articularse en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales, suministros o bienes y servicios.