"Cui prodest?" Los beneficiarios del pacto alcanzado entre ERC y el PSC para aprobar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para este mismo año son Pere Aragonés, Salvador Illa y Pedro Sánchez, un dos a uno que rompe una tendencia de una década en la que el entendimiento entre independentistas y partidos constitucionalistas ha sido imposible, además de favorecer al conjunto de los catalanes que contarán con el desarrollo de las cuentas públicas.
Con los nuevos presupuestos, Pere Aragonés se garantiza una herramienta que le permitirá acabar la legislatura y que le facilitará más fondos para hacer frente a las demandas sociales en materia de sanidad y educación y de paso afianzarse al frente del Govern. Que se pueda acabar la legislatura catalana, al menos sobre el papel y al margen de nuevas contingencias, es una buena noticia para la vida política nacional, sin que la insistencia del presidente catalán en la convocatoria de un referéndum pactado no sea más que un brindis al sol de obligado cumplimiento. Que la satisfacción por el acuerdo haya sido muy matizada, que desde el Govern hayan demostrado un nivel de entusiasmo tirando a muy bajo por el acuerdo, es síntoma de que se han visto obligados, tras la ruptura del Govern con sus socios de Junts, a buscar la única salida posible, a costa de desdecirse de su posición en algunas inversiones de infraestructuras que hasta hace dos meses eran líneas rojas infranqueables. Que el pacto hace daño al independentismo lo revela que Junts ha intentado a última hora romperlo y ofrecerse a negociar lo que también era innegociable. Pero ha llegado tarde y sin confianza.
El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ganador de las últimas elecciones catalanas aparece como el vencedor del acuerdo al lograr desatascar las inversiones para infraestructuras que se consideran esenciales para el desarrollo social y económico y vuelve a poner sobre la mesa la "modernización", que no significa otra cosa que la ampliación del aeropuerto del Prat. El acuerdo permite a Illa aparecer como un político pragmático decidido a mejorar el bienestar de los catalanes, capaz de alcanzar un acuerdo en beneficio de la mayoría social, sin que eso suponga que el apoyo a las cuentas de Aragonès sea un pacto de legislatura. Pero sin serlo siempre está implícito que se adquieren compromisos para no dejarle caer y que pueda aplicar las cuentas pactadas para sacar adelante algunos de sus proyectos. Que la decisión pueda tener costes electorales para el PSC es un riesgo asumido con la confianza de que en el ánimo de los electores pesen más los esfuerzos por el acuerdo que el mantenimiento del enfrentamiento. El problema para Illa es que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le acaba de retirar el carné de constitucionalista y le sitúa ya como integrante de un independentismo que teme que se pueda estar fraguando un nuevo tripartito ERC-PSC-Comuns, que le deje más maltrecho todavía.
Pedro Sánchez sale también beneficiado en el quid pro quo a cuenta de los presupuestos en el Estado -en el que ERC dio el primer paso en el Congreso, y ahora será correspondida en el Parlament-, porque se avanza en la normalización de las relaciones y la convivencia en Cataluña, se ha producido una ruptura entre los bloques políticos, se profundiza en la división del independentismo y se garantiza el apoyo de ERC a la aprobación de nuevos proyectos legislativos.