La intervención de los móviles del presidente, del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del software de espionaje Pegasus abrió ayer otra vía de agua en la ya turbulenta coalición gubernativa. Si el lunes la sorpresiva revelación ponía en el disparadero al CNI, organismo estatal que tiene la obligación de impedir este tipo de ataques, la negativa ayer a la creación de una comisión de investigación en el Congreso, respaldada por el PP para impedir que se socave aún más el prestigio del servicio de inteligencia español, soliviantó al ala morada y a los partidos que posibilitaron la investidura. El problema es que llueve sobre mojado y lo que en un principio eran roces puntuales se han convertido en choques permanentes, lo que evidencia la fragilidad del Ejecutivo en un momento muy delicado, además de subrayar diferencias mollares entre los dos partidos que lo sustentan.
A estas alturas del caso, la principal incógnita radica en saber hasta cuándo podrá Sánchez mantener este asunto sin ejecutar los ceses que le exigen sus socios de Gobierno. Ayer mismo la ministra portavoz eludió garantizar la continuidad en su cargo de la directora del CNI, Paz Esteban, más allá del jueves, fecha en la que está prevista su comparecencia en la comisión de secretos oficiales y está por ver si ese hipotético cese calma las expectativas de Podemos y ERC, que han apuntado hacia la ministra de Defensa como la figura que debe asumir las responsabilidades políticas de esta gran chapuza.
Lo que aún no ha podido aclarar ningún ministro, a pesar de multiplicar las comparecencias públicas en los últimos días, es por qué se ha dado a conocer este caso de espionaje. Que un Gobierno admita que las comunicaciones del presidente son vulnerables es la asunción de un problema de seguridad de magnitudes considerables. Darlo a conocer sin aclarar quién ha sido el autor de ese espionaje suena más a cortina de humo para eliminar el malestar de los independentistas que a un ejercicio de transparencia que, en cualquier caso, nunca se había dado en nuestra historia más reciente. Hacerlo, además, en vísperas de la celebración en Madrid de una cumbre de la OTAN supone elegir el momento más inoportuno. Por las fechas en las que se produjo la intervención del teléfono del presidente se apunta hacia Marruecos como inductor del espionaje, pero es muy probable que este extremo no se llegue nunca a demostrar. Lo que resulta más fácil es averiguar por qué no se chequeó el teléfono, o teléfonos, del presidente del Gobierno y de sus ministros a la vista de que se sabía la existencia de este software. Demasiados cabos sueltos en algo tan vital como la seguridad nacional.