Los gobiernos de la eurozona son conscientes de que la guerra en Ucrania ha aumentado el riesgo de una recesión, pero descartan que la economía esté abocada inevitablemente a la caída y prometen tomar medidas para contener la inflación y paliar sus efectos en hogares y empresas.

"El riesgo ha aumentado, pero la recesión no es inevitable", han repetido el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohe, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, durante la rueda de prensa este viernes tras una reunión en Praga de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona centrada en cómo responder a la crisis derivada de la agresión rusa.

El aumento de los precios de la energía exacerbado por la invasión ha empujado la inflación en la zona euro a un récord del 9,1 % en agosto y obligado a rebajar las previsiones de crecimiento de los Diecinueve, hasta el punto de que el Banco Central Europeo (BCE) anticipa una recesión en caso de un corte total del gas ruso.

En este escenario, los ministros acordaron que seguirán "interviniendo para apoyar a los hogares y empresas más vulnerables" ante un "reto sin precedentes": "Tenemos que reducir la inflación. De no hacerlo nuestros ciudadanos serán más pobres durante más tiempo", insistió Donohoe.

La receta, sin embargo, será diferente a las ayudas universales que se concedieron durante la pandemia, cuando la economía estaba de hecho en una recesión y el paro al alza.

Las medidas deberían ser temporales y selectivas, y preferiblemente basadas en la transferencia de rentas y no en la intervención sobre los precios del mercado, coinciden gobiernos e instituciones comunitarias, combinación difícil de lograr en un momento de creciente presión social para frenar una escalada de precios que se ha extendido a toda la cesta de la compra.

"En nuestra opinión hay margen para que las medidas sean más acotadas a los hogares y firmas más vulnerables y así lo hemos recomendado, pero reconozco que este principio no es fácil de implementar cuando tantos hogares, también con rentas medias, y empresas están afrontando dificultades", dijo Gentiloni.

Desde el inicio de la guerra los gobiernos europeos han adoptado ayudas públicas o rebajas de impuestos para aliviar el bolsillo que alcanzaban a finales de agosto el 0,9 % del PIB, una cifra que se espera siga creciendo en los próximos meses y supone una carga adicional para unas finanzas públicas ya deterioradas por la pandemia.

"Tenemos que encontrar un delicado equilibrio entre promover el crecimiento, controlar la inflación y proteger a los más vulnerables", resumió el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, tras mantener el mismo debate por la tarde con los ministros de todos los socios de la UE.

Además los gobiernos tienen condiciones más duras de financiación y mayores costes para tomar prestado, "lo que reduce el margen para maniobrar", y la política fiscal "no debería contrarrestar los esfuerzos del BCE para reducir la inflación", dijo Dombrovskis solo un día después de que la institución que preside Christine Lagarde subiese los tipos de interés al 1,25 %.

"El BCE actuará decisivamente para asegurar que los altos precios de hoy no se afianzan y nos alejaremos de la política expansiva aún en marcha", pero "el BCE no puede hacer mucho para bajar el precio del gas en el mercado mayorista o reducir las facturas de energía, este es el papel de los gobiernos", señaló la francesa tras la reunión.

Y es que, más allá de la política fiscal y la monetaria, los países coinciden en que la solución a la crisis energética debe pasar por la intervención en el mercado que debatieron también este viernes los ministros de Energía en Bruselas, donde han empezado a prefigurarse medidas para dar liquidez a las empresas energéticas o poner tope a los beneficios de las firmas que producen energía a bajo coste.

Apoyo a Ucrania

Más allá de la respuesta doméstica a la crisis, los ministros de los Veintisiete dieron también su luz verde a un nuevo tramo de 5.000 millones de euros en asistencia macrofinanciera urgente para que Ucrania siga manteniendo el funcionamiento del Estado y servicios públicos, partida que deberá ser oficialmente aprobado en una próxima reunión, puesto que esta cita de Praga es informal.

La UE ha prometido 9.000 millones en asistencia financiera para cubrir necesidades urgentes este año, de los que ya ha validado 6.000 millones, pero podría ser necesario aumentar esta cifra incluso antes de pasar a hablar de las ayudas para la reconstrucción del país tras el conflicto, según explicó Dombrovskis.

El Banco Mundial calcula que serán necesarios casi 350.000 millones de dólares para la reconstrucción del país, por lo que la UE trabaja ya con otros socios internacionales para ver cómo financiarlo.